La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presenciacreciente en el sector privado, defiende la profesionalidad del personal de lasanidad durante la crisis del COVID-19 y ha subrayado que, de acuerdo al CódigoDeontológico Médico, se han limitado a atender a los enfermos lo mejor que hanpodido con los medios que tenían a su alcance, sin que se les pueda atribuirresponsabilidades por decisiones de carácter político.
En este sentido, CSIF defiende que los profesionales hanactuado en todo momento de acuerdo con el artículo 6.2 del citado código, quedice: “El médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados, nisiquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que fuese obligado ahacerlo por la autoridad competente o exista un riesgo vital inminente einevitable para su persona. Se presentará voluntariamente a colaborar en lastareas de auxilio sanitario”.
Sobre las informaciones que señalan que el sistema de saludmadrileño se preparó para excluir a personas mayores contagiadas por COVID-19,CSIF considera que es de justicia descargar de cualquier culpa al sanitariosobre estas instrucciones, en el caso de que sean ciertas. El profesional de lasanidad se limita a seguir las instrucciones de sus superiores y no tieneresponsabilidades sobre decisiones que superan sus competencias, como la dedecidir a qué tipo de paciente se le ingresa en un hospital y a cuál no.
Así, si estas instrucciones existieron, la responsabilidades de quien las dictó, es decir, de los representantes políticos. No obstante,desde CSIF entendemos que si la decisión que adoptaron los responsablespolíticos, como indican algunas informaciones, fue la de descartar los ingresoshospitalarios de pacientes de mayor edad, el gran error que se cometió duranteesta crisis fue no medicalizar las residencias de mayores.
Por otra parte, el pasado 27 de marzo CSIF remitió una cartaal consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la que lesolicitaba que, de manera urgente, centralizara operativamente la gestión delos recursos de UCI en toda la Comunidad de Madrid, ya que ello permitiríaconocer qué centros contaban con ese recurso disponible y así trasladar en elmenor tiempo posible al paciente que más lo requiriera.
CSIF considera que la gestión de esta crisis sanitaria hapuesto al descubierto las carencias del servicio madrileño de salud y delsistema nacional en su conjunto, por la alarmante falta de previsión tanto demedios de prevención (la carencia de EPIs, mascarillas, guantes, etc. estuvo ala orden del día hasta bien entrado el mes de abril) como de recursos humanos,con unas plantillas que se han revelado insuficientes.
Por ello, CSIF reclama que el futuro plan de reconstruccióncontemple la necesidad de reforzar las plantillas en todos los ámbitos(primaria y especializada) y un incremento de la financiación que devuelva a lasanidad pública los niveles de calidad que la situaban entre los mejoressistemas del mundo y que, tras años de recortes, se ha visto mermada.
Los tribunales serán los encargados de determinar lasresponsabilidades políticas por esta mala gestión, tanto por decisiones detriaje cuestionables dictadas por los poderes políticos, como por una alarmantecarencia de medios de prevención que provocó una alta tasa de contagios entrelos profesionales de la sanidad (CSIF presentó una querella contra el ministrode Sanidad por esta cuestión).