ANPE denuncia que los profesores, sobre todo los maestros, que deben utilizar para su desplazamiento entre los centros su coche particular para atender a los alumnos que no están en la cabecera de los CRAs, trabajan casi un mes gratis; esto se calcula si se hace una ponderación media de los kilómetros que deben realizar lo largo de todo el curso. Esto es debido a que la compensación dineraria y horaria que reciben no cubre el coste que suponen los desplazamientos.
Los profesores itinerantes reciben una compensación horaria por los kilómetros realizados y una económica, pero estos datos no contemplan, desde hace casi 15 años, las derivaciones de los precios de los carburantes, del coste de los vehículos y tampoco el desgaste y las reparaciones.
Desde ANPE se manifiesta que “son muchos los profesores que deben itinerar para cumplir con sus funciones docentes que nos han trasladado sus quejas y malestar, por los insuficientes importes que se perciben por el kilometraje y otros gastos de viaje realizados con el vehículo particular, y que van mermando el poder adquisitivo y las retribuciones salariales reales”.
Esta indemnización, que la Junta debe abonar a sus empleados para compensar los gastos por el uso del vehículo particular, lleva 15 años sin revisarse (desde enero de 2007 cuando se subió de 0,14 euros por km recorrido a 0,19 euros). Por contrapartida se puede comprobar que otras CCAA como País Vasco, Navarra, Cataluña reciben una compensación por Kilómetro recorrido en torno a los 0,30 euros.
Y en provincias como la nuestra, debido a su configuración orográfica, tenemos un buen número de profesores itinerantes (no inferior a 300) que están soportando esta injusticia. Y en Castilla y León se calcula que hay un número en torno a 1500 profesores itinerantes o compartidos.
ANPE pide a la Junta de Castilla y León un incremento, al menos igual al que reciben los compañeros de las CCAA mejor remuneradas, en el abono del kilometraje y otros factores a los miles empleados itinerantes que utilizan su propio vehículo para realizar el trabajo, ante el aumento de los precios del combustible y de otros costes del mantenimiento del coche.
Todo ello a pesar de lo que se obliga en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre que expresa “que las indemnizaciones por razón del servicio constituyen un derecho del personal al servicio de la Administración Autonómica, reconocido en el Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre”
