Todos los trimestres del año pasado presentaron descensos interanuales que, en el caso del último, cuando se iniciaron 24.076 ejecuciones hipotecarias, fue del 1,1%.
La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas se dio en Cataluña, tanto en todo 2013, donde representaron el 22,2% del total, como en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%. Tomando los datos anuales, siguen a esta Comunidad las de Andalucía (también el 22,2%), la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).
Además, todas las comunidades autónomas registraron disminuciones interanuales en el número de ejecuciones hipotecarias, con la excepción de Asturias, que presentó un incremento del 11%, Castilla y León (5%), Andalucía (2,3%) y Galicia (1,9%).
El informe elaborado por la Sección de Estadística del CGPJ recoge también la cifra de lanzamientos practicados por los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos, que se empezó a recoger en 2013, por lo que no se puede comparar con la del años anteriores.
Los datos indican que en 2013 se practicaron 67.189 lanzamientos, de los que el 38,4 % derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas.
Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe incluye asimismo los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, con la advertencia de que no todos los partidos judiciales disponen de este servicio; de que los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles y no solo a viviendas; y de que la solicitud no implica que haya sido ejecutado.
Teniendo en cuenta por tanto que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos, en el cuarto trimestre de 2013, los lanzamientos solicitados a los servicios comunes fueron 17.842 -un 13,9% menos que en el mismo periodo de 2012-, de los que terminaron con cumplimiento positivo 11.085, un 10,8% menos que en el ejercicio anterior.
Las causas de esta disminución son diversas, pero entre ellas puede citarse de nuevo la Ley 1/2013, así como la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende el requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.
