Al nutrido grupo de representantes públicos que se distingue por cuál sería la instancia judicial ante la que tendría que responder en caso de delito se añade otro de más de 7.600 personas que incluye a jueces y fiscales.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propuso recientemente que el número de aforados pasara de la impresionante cifra de 17.621 a solamente 22, es decir, el presidente del Gobierno de España, así como los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los de las comunidades autónomas, aparte de la familia real.
La propuesta es llamativa, en comparación con la pléyade de aforados existentes en la actualidad y que tanto llama la atención en países democráticos cercanos. Incluso llevando a cabo esa drástica reducción, España todavía superaría de forma abrumadora a otros países de su entorno donde, o bien no existe el aforamiento o es absolutamente excepcional.
Tal es el caso de Portugal, donde el presidente de la República sería juzgado por el Tribunal Supremo en caso de delito; de Italia, donde sería el Tribunal Constitucional el que intervendría en ese supuesto, o de Francia, en donde solamente están aforados el presidente, el primer ministro y los integrantes del gabinete.
Todavía queda peor parada España si se la compara con Alemania y Gran Bretaña, países en los que no hay ni una sola persona aforada, circunstancia que también se produce en Estados Unidos.
De esta manera, la cuenta aproximada, teniendo en cuenta el número cambiante de ministros en el país galo, por ejemplo, deja a España con el récord de superar en más de mil veces el número de aforados que tienen Portugal, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos juntos.
