Los operadores tienen, incluso, acceso a los datos del Ministerio del Interior (para comprobar DNI y NIE) en tiempo real. Sin embargo, Castañón señala que estos sistemas se utilizan sólo para el cobro de las apuestas y no para controlar a los jugadores.
La diputada ha reclamado al Gobierno que esta verificación se pueda hacer desde el principio y que se tenga en cuenta la posibilidad de que haya gente, preferentemente adolescentes, que pueda obtener los datos de los documentos de otras personas y acceder al juego.
En este sentido, Montero ha reconocido que la normativa "necesita avanzar" y "profundizar" en los nuevos escenarios. Así, también ha destacado la intención del Gobierno de incentivar entre los operadores del juego las políticas de responsabilidad social corporativa que contemple el juego "como un fenómeno complejo" y "persiga prevenir y, en su caso, reparar los efectos negativos que puedan tener lugar".
Del mismo modo, ha señalado que desarrollarán una regulación que obligue a los operadores a elaborar un plan de actuación que incorpore las reglas básicas del juego responsable, con especial referencia a la protección de consumidores y grupos de riesgo; y con la obligación a desarrollar algoritmos para detectar comportamientos de riesgo en el juego.
"Queremos que la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores se destine, en un porcentaje de la recaudación, a iniciativas preventivas, ayuda asociaciones que informan sobre juego responsable y a campañas de sensibilización y reparación de los efectos negativos del juego", ha concluido.
