El pasado 16 de agosto concluyó la vigencia del Pla Prepara, por el cual los parados sin prestación por desempleo pueden acceder a un subsidio de cuatrocientos euros mensuales durante medio año. Concluyó la vigencia porque se prorrogaba automáticamente mientras la tasa del paro estuviera por encima del 18%, pero la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ya la sitúa por debajo. Los sindicatos alertaron del tema y el Gobierno aseguró que se prorrogaría el programa con un nuevo Real Decreto, pero desde entonces no se ha aprobado en el Consejo de Ministros.
El problema está en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que considera que centralizar en el Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la ayuda económica a desempleados que han agotado la prestación contraviene el orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo, algo que correspondería a las comunidades autónomas. Con ellas se ha reunido ya el Gobierno y ha obtenido el visto bueno para aprobar la nueva legislación.
Desde los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) se reclamaba la retroactividad de la ley para no dejar desamparados a estos desempleados. El Gobierno asegura que se tendrá en cuenta esta circunstancia.
