Una vez concedida licencia de actividad y uso a principios de noviembre de 2013, “el Ayuntamiento de Zamora parece no tener prisa para resolver el expediente sancionador del Ramos Carrión que se ordenó abrir en Junta de Gobierno”, sostiene el concejal de Izquierda Unida Paco Guarido.
La licencia ya adelantaba que se había construido una crujía más en el Cuerpo de la zona de congresos que se encuentra a lo largo de la calle Alfonso XII. Ello significa la invasión de casi dos metros más de lo que le correspondía en la altura de ese cuerpo arquitectónico. En el dibujo realizado por el Grupo de IU puede verse lo que se ha construido de más con relación a lo que establece el Plan de Urbanismo. Aunque no se derribará: se cambiará por el valor monetario de lo que se ha edificado de más y una sanción.
Guarido recuerda que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes que reviste mayoría absoluta de su composición legal, y valorando todos los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, cohonestándolos con el principio de proporcionalidad de las medidas de restauración de la legalidad, acordaba iniciar el correspondiente expediente para la restauración de la legalidad urbanística y, también, el correspondiente expediente sancionador contra la Diputación Provincial de Zamora.
Hay que recordar que la Diputación ha realizado una serie de alegaciones que todavía no han sido contestadas por Ayuntamiento. “Las dos administraciones deben dar ejemplo de diligencia ante los ciudadanos. Las multas de estos expedientes según el Reglamento de Urbanismo varían entre 1.000 euros la mínima de las leves a 3 millones la máxima de las muy graves”, recuerda Izquierda Unida.
Para IU es al menos una infracción grave que se define por el Reglamento como “La realización de construcciones o instalaciones que vulneren la normativa urbanística en cuanto a uso del suelo, aprovechamiento y densidad, así como en cuanto a la altura, volumen y situación de las construcciones e instalaciones, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño producido o del riesgo creado”.
Guarido concluye diciendo: “La Alcaldesa debe ser ágil y aplicar la normativa como se haría con cualquier ciudadano”.
