El Gobierno autonómico está promoviendo la constitución de distintos órganos específicos de información y participación para diseñar el futuro de Castilla y León, de la mano de los agentes económicos y sociales más representativos, aprovechando los recursos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea. El objetivo de estos foros es identificar fortalezas y coordinar capacidades para la aplicación de estos fondos.
A la reciente creación de las Mesas Empresarial –para dar voz al tejido productivo–, de Coordinación con las Entidades Locales –en coherencia con el compromiso con el mundo rural y el municipalismo– y la Científico-Tecnológica –para optimizar la experiencia del ámbito académico y de la investigación–, se suma ahora la Mesa del Tercer Sector Social, en la que tienen cabida las entidades que a diario colaboran con la Junta en la implementación de las políticas sociales.
En la reunión de esta mañana, han participado integrantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI CyL), la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Cáritas, Cruz Roja y la Red Europea Contra la Pobreza (EAPN).
Castilla y León, única comunidad en incluir proyectos con el Tercer Sector
Desde un primer momento, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hizo partícipe al Tercer Sector de la gestión de los fondos europeos consignados para el ámbito social, hasta el punto de que Castilla y León es la única comunidad autónoma que ha reservado una partida de estos recursos –15,7 millones de euros– para la ejecución de proyectos de colaboración con estas entidades.
Esta cantidad representa el 10 % de los 150,74 millones de euros asignados a la Comunidad para el periodo 2021-2023 por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Otro 20 % de ese montante se reservará para las entidades locales.
La consejera ha indicado que con este gesto la Junta quiere reconocer la labor esencial que desempeñan las asociaciones y fundaciones del ámbito social en la Comunidad, así como su experiencia y su elevado grado de conocimiento en estas materias.
No en vano, el Tercer Sector está integrado por más de 3.300 entidades, encargadas de complementar el sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública mediante la prestación de más de 5.000 recursos y servicios profesionales. Estas organizaciones participan de forma activa en la construcción, consolidación y despliegue de la política social, apostando por su calidad, cercanía e innovación.
Precisamente, en esta línea, uno de los objetivos del proyecto de Ley del Tercer Sector, remitido a las Cortes recientemente para su tramitación parlamentaria, es la de dar visibilidad a su aportación social y establecer fórmulas estables de participación y protocolos de coordinación con las administraciones.
48 proyectos en cuatro ámbitos
En el listado de los 166 proyectos de inversión remitidos por Castilla y León al Gobierno central para su aprobación por parte de la Comisión Europea figuran 48 iniciativas cuyo desarrollo se efectuará de la mano de la Plataforma del Tercer Sector.
En su mayoría, se trata de proyectos piloto de innovación y de transformación tecnológica en los ámbitos de la dependencia, la discapacidad, la inclusión social y la infancia. Todos ellos se dirigen a un objetivo común: mejorar la protección y la atención a las personas más vulnerables –ya sea en los centros residenciales o en su propio hogar–, siguiendo el modelo de cuidados centrado en la persona.
El mayor volumen de iniciativas, 18, se concentra en el área de la discapacidad, e incluye proyectos de digitalización e innovación para facilitar los cuidados de las personas que necesitan apoyos, pero siempre favoreciendo su vida independiente y su inclusión social y laboral. Suman un importe ligeramente superior a los cuatro millones de euros.
En este apartado se inscriben iniciativas tecnológicas relacionadas con la Teleasistencia Avanzada y programas como ‘Viviendas en Red’, un proyecto piloto de Dependencia 5.0 que iniciará su implantación en la provincia de Salamanca, y que consiste en la adaptación arquitectónica y tecnológica de casas en el ámbito rural para permitir a quienes quieren continuar en un hogar hasta final de su vida que puedan hacerlo en condiciones de seguridad y confortabilidad.
Estrechamente relacionado con este campo, se han planificado once proyectos en el ámbito de la Dependencia, por un volumen de inversión cercano a los 4,2 millones de euros, donde nuevamente la implementación de las nuevas tecnologías se erige como elemento clave en la protección y mejora de la atención a los más vulnerables. En este epígrafe cabe destacar la creación de un espacio interactivo para la promoción de la vida autónoma y la prevención de la dependencia.
Para potenciar la inclusión social y laboral de las personas mayores, con discapacidad y dependencia, así como de las mujeres y los jóvenes, la Junta prevé desarrollar en colaboración con el Tercer Sector 13 proyectos, con un presupuesto de 5,1 millones de euros. Destacan los relacionados con la reducción de la brecha digital o la configuración de una cartera de servicios inclusiva y generadora de empleo.
Finalmente, se han planificado otros seis proyectos en el ámbito de la infancia, por un montante de casi 2,3 millones de euros, orientados a la protección de los menores, la prevención e intervención ante la violencia en el ámbito filioparental, o su formación y futura inserción laboral.
Por otro lado, cabe recordar que, durante el último pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Isabel Blanco solicitó al Ministerio la creación de una línea específica de financiación para iniciativas de inversión del Tercer Sector Social.
Biblioteca de Proyectos de Comunidad
Los fondos europeos tienen como objetivo la cohesión económica, social y territorial de la Comunidad, impulsar la transformación digital y el desarrollo sostenible, y mejorar la competitividad del sector público y privado. Por otra parte la Junta de Castilla y León ha creado la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea y ha remitido al Gobierno de España la Biblioteca de Proyectos de Comunidad, que ya recoge más 450 proyectos por un volumen global de inversión de 6.800 millones de euros.
Castilla y León tiene como objetivo conseguir 5.000 millones de los Fondos de Nueva Generación. La mitad de ellos gestionados por el Estado con cargo a inversiones previstas en sus Presupuestos y al apoyo a la actividad económica a través de las Manifestaciones de Interés o los Proyectos Estratégicos, y los restantes 2.500 millones gestionados por la Junta. Se trata de un objetivo muy ambicioso, pero también justo e irrenunciable.
Mecanismos de participación
La Junta de Castilla y León quiere que este proceso sea lo más participativo posible. Para ello, hasta el momento ha impulsado la creación de las cuatro mesas específicas de información citada antes –la Empresarial (constituida el 20 de abril); la de Coordinación con las Corporaciones Locales (el 30 de abril), la Científico-Tecnológica (el 5 de mayo), y la del Tercer Sector Social (creada hoy)–, a las que se añaden otros órganos sectoriales ya existentes. Es el caso del Consejo del Diálogo Social, el Consejo de Políticas Demográficas, el Consejo Agrario, el Comité de Cooperativismo Agrario y el Consejo Castellano y Leonés de Salud.
Fondos Next Generation
Los Fondos Next Generation son un mecanismo financiero específico creado por la Unión Europea para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19. Tienen un carácter temporal y de emergencia para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos provocados por esta crisis.
Este paquete de estímulos –instrumentado tanto a través de préstamos como de ayudas financieras no reembolsables–, cuenta con una dotación de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 podrían corresponder a España en un periodo de tres años, si bien el horizonte de ejecución se amplía hasta 2026.
La movilización de estos recursos y su rápida absorción mediante proyectos elegibles requiere desarrollar un sistema de información, consulta y toma de decisiones ágil y eficaz, con la participación fluida de todos los actores implicados, tanto del sector público como privado.
* Se adjuntan tablas con el listado de proyectos para su ejecución en colaboración con el Tercer Sector Social y su financiación con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.
