La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, compareció este martes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de explicar las líneas estratégicas, las partidas y las futuras actuaciones en el ámbito de su competencia y que se integran en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.
Unas cuentas, ha recalcado la número dos del Ejecutivo autonómico, que dedican más de 8 de cada 10 euros a las consejerías sociales. En lo que respecta a su área, "estos presupuestos son un reflejo de la escucha activa y la evaluación de resultados, y llegan para garantizar derechos, promover la igualdad y contribuir a una Castilla y León más justa, inclusiva y cohesionada", apuntaba Blanco.
La cuantía global con la que contará la Consejería alcanzará los 1.524 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4%, es decir, más de 155 millones más que las anteriores cuentas.
Apoyo a las familias
Isabel Blanco hizo hincapié, al principio de la comparecencia, en las que son las líneas estratégicas del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Una de ellas está centrada en el apoyo prioritario a las familias de Castilla y León. El Gobierno autonómico pretende impulsar la natalidad, favorecer la conciliación y reforzar la protección a las familias con 179,21 millones de euros.
La partida más cuantiosa es la reservada al fomento de la natalidad mediante el ‘Bono Nacimiento’, con 20 millones de euros. Una ayuda económica para hijos nacidos o adoptados durante el año. Hasta la fecha, se han concedido más de 20.499 bonos y cuenta con más de 1.600 establecimientos adheridos. Una ayuda que duplica la cuantía máxima de 2.500 a 5.000 euros por hijo.
En cuanto a la conciliación, la ayuda de 750 euros por hijo de 0 a 3 años para sufragar servicios que faciliten la organización familiar y la corresponsabilidad, el ‘Bono Concilia’, contará con 11 millones de euros. El pasado ejercicio se concedieron 13.376 subvenciones.
El programa ‘Crecemos’ sitúa su presupuesto en 9 millones de euros. Se trata de un recurso esencial para la conciliación en el medio rural para padres con hijos de entre 0 y 3 años que en 2026 llegará a 263 municipios, poniendo al servicio de las familias 3.945 plazas y más de 400 profesionales. Un recurso que ha pasado de 5 a 8 horas y en el que se incluyen las vacaciones escolares.
Por su parte, la iniciativa ‘Conciliamos’, para niños de entre 3 y 12 años —14 si tienen necesidades especiales— crece hasta los 3,8 millones. Una alternativa en los días laborables de los periodos vacacionales para que los padres puedan acudir con normalidad a su puesto de trabajo mientras sus hijos realizan actividades lúdicas y educativas en los centros escolares. En este programa han participado este año 25.451 niños. Recientemente, se lanzó un nuevo recurso, el ‘Bono Infantil’, una ayuda de 200 euros por cada hijo de entre 4 y 12 años para sufragar las actividades formativas y de ocio, dotado con un presupuesto de 16 millones de euros.
También hay una cuantía de dos millones de euros se destina a las subvenciones para las familias que trasladen su residencia al ámbito rural de Castilla y León desde otras comunidades autónomas.
Cooperación con las entidades locales
Otro pilar estratégico es el "fuerte carácter rural del presupuesto y la necesaria colaboración con las entidades locales" en la prestación de la atención social, ya que es objetivo de la Junta de Castilla y León garantizar los servicios y recursos a todas las personas, independientemente de dónde vivan.
Precisamente, a través del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se financia el nuevo Acuerdo Marco de colaboración con las corporaciones locales en materia social: 188,6 millones de euros para 2026.
En el ahora vigente Acuerdo Marco se reflejan subidas en todas las áreas, en las que destaca la ayuda a domicilio, que cuenta con 41.000 usuarios —3.000 más que al inicio de la legislatura—. La última adenda al Acuerdo Marco establece para este servicio un gasto de 415 millones de euros en 4 años, lo que supone un incremento de más de 109 millones respecto al Acuerdo Marco anterior, un 36% más.
También crece en la atención a la dependencia, con un 45% de incremento hasta los 115,3 millones; en las ayudas de urgencia social y protección a las familias, que crecen un 33% y alcanzan los 33,6 millones; y en los equipos de atención social básica que, con 35,9 millones de presupuesto, han aumentado un 19%.
Pobreza y exclusión social
Para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el presupuesto se eleva hasta los 291,1 millones de euros para una protección social que debe alcanzar a toda aquella persona que lo necesite, independientemente de sus circunstancias sociales y personales.
Dentro de este ámbito, la titular de Familia ha hecho hincapié en una gran cifra: los 212,4 millones reservados a las 280.000 familias más vulnerables de Castilla y León a través de la Red de Protección, para garantizar la provisión de productos de primera necesidad, ayudas para paliar la pobreza energética o promover la integración sociolaboral.
Igualdad y lucha contra la violencia machista
Un dato significativo es el incremento del 44 % en el presupuesto para apoyar y proteger a la mujer, que alcanza los 21,41 millones de euros, una partida que se ha duplicado desde el comienzo de la legislatura.
Cabe señalar, en este ámbito, el fuerte aumento del presupuesto destinado a formación, capacitación y empleo, un 212% más hasta alcanzar los 5,2 millones de euros, puesto que una de las claves para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es, precisamente, el empleo.
En este contexto se desarrollan los programas ‘Multiplica’ y ‘Capacita’, el Pemcyl —con 109 participantes el pasado año, 26 víctimas de la violencia de género— o ‘Supera’, un nuevo programa para favorecer la integración laboral de las víctimas.
Además de los distintos programas de sensibilización, información y participación con el Consejo de la Juventud, federaciones deportivas, entidades del Tercer Sector, empresas y universidades, se destinan, a través del Acuerdo Marco, 924.000 euros para la contratación de técnicos de igualdad y 805.200 euros para actuaciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia machista.
Familia va a implementar, además, una nueva subvención, dotada con 300.000 euros, para fomentar la conciliación en el ámbito laboral, además de destinar 600.000 euros a la formación en materia de corresponsabilidad.
Por último, cabe señalar la inversión de 226.000 euros en proyectos para la mujer rural, de los cuales 143.000 euros van destinados a formación, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo e impulsar el emprendimiento, así como la adquisición de conocimientos en nuevas tecnologías.
En lo que respecta, precisamente, a la lucha contra la violencia machista, la Red de Atención incrementa su presupuesto de 4,1 millones de euros hasta los 6,2 millones, como sucede con la Red de Centros Residenciales y casas de acogida, cuya partida crece hasta los 2,6 millones de euros. Todas las partidas se incrementan para intensificar los recursos de atención directa a las víctimas de la violencia machista —atención dual, servicios de apoyo psicológico o acompañamiento jurídico-social—. También se continúa con una dotación de medio millón para el proyecto ‘Atrapadas’, para atender a las víctimas de la explotación sexual.
Dependencia
La segunda gran línea estratégica tiene que ver con el refuerzo del sistema de cuidados y asistencial a las personas dependientes y de la mejora de la calidad de los servicios. Un presupuesto que se dispara hasta los 1.006 millones, lo que supone, ha indicado la vicepresidenta, gastar casi 3 millones al día en atender a las personas en situación de dependencia de Castilla y León.
El Observatorio de la Dependencia resuelve año tras año que Castilla y León tiene el mejor sistema de España: atiende a 127.987 personas con 180.623 prestaciones. Todo ello mientras se reducen tiempos de espera, se simplifican los trámites administrativos y se apuesta por la formación de los profesionales para afianzar un servicio de calidad.
La garantía de la atención en el propio hogar de las personas mayores, dependientes y con discapacidad es prioritaria para la Junta, que sigue impulsando servicios como la Teleasistencia, cuyo presupuesto para 2026 es de 15,2 millones de euros. 62.000 castellanos y leoneses ya cuentan con dispositivos de teleasistencia en su casa.
En esta línea, la vicepresidenta ha anunciado una partida de 10 millones de euros para mejorar la accesibilidad de los hogares de las personas mayores, como la adaptación de los baños mediante la sustitución de bañeras por platos de ducha, para fomentar su autonomía, seguridad y calidad de vida.
Dentro de ‘INTecum’ se integra el protocolo ELA, cuya previsión de gasto es superior a los 2 millones de euros, que ofrece atención integral a las personas en su propio domicilio, independientemente de la fase de la enfermedad en la que se encuentren, e incluye ayudas como la adaptación del hogar, el préstamo gratuito de productos de apoyo o la atención hasta 24 horas los siete días a la semana mediante asistente personal.
Muy ligado al área de la atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad está el que concierne a la inversión en obra pública para modernizar los centros de atención a las personas, un total de 159 millones de euros entre este y el próximo ejercicio. Cabe señalar el nuevo centro residencial de Salamanca por 22 millones, la nueva residencia de Zamora por 25,2 millones, el centro que se está construyendo en Ávila por 29,8 millones o la nueva Unidad de Valoración y de Atención a la Discapacidad de León, en la que se ha invertido 6,2 millones de euros. A ello hay que sumar los 5 millones destinados al nuevo centro de menores ‘Los Molinos’ de Salamanca.
Personas con discapacidad
El presupuesto destinado a las personas con discapacidad crece en 23 millones hasta alcanzar los 227,8 millones de euros, unas partidas que se han incrementado un 24 % desde el comienzo de la legislatura, en consonancia con el compromiso de la Junta con facilitar la integración social de este colectivo.
Un proceso de integración que ha de partir desde las primeras etapas de la vida. Por ello, se va a seguir mejorando el servicio de Atención Temprana, cuya dotación es de 5 millones de euros y que atiende toda la demanda sin lista de espera y que se presta por 137 profesionales y 21 equipos, para dar respuesta a las necesidades de los niños de entre 0 y 6 años que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Ya se ha atendido a 3.310 niños, 1.215 en el medio rural.
Precisamente, una vía sólida de inclusión social de este colectivo es el empleo: la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apuesta por los itinerarios de inserción sociolaboral, a los que destina 9,6 millones de euros en 2026. El pasado año se realizaron 4.629 itinerarios personalizados de empleo que dieron lugar a la contratación de 1.432 personas con discapacidad.
Por último, la Junta va a continuar extendiendo la figura del asistente personal. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor número de prestaciones de asistente personal —2.877—, lo que ha implicado un incremento de más del 40 % respecto del comienzo de la legislatura.
