La Junta de Castilla y León ha remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el informe elaborado por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia sobre la distribución territorial de las 500 nuevas plazas judiciales que se crearán en España en 2027 al amparo de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El documento informa favorablemente de las 17 plazas asignadas a Castilla y León, aunque plantea observaciones sobre las necesidades judiciales que siguen pendientes de atender en algunas provincias de la Comunidad.
Entre las nuevas unidades judiciales que se incorporarán a la Comunidad figuran seis plazas de magistrado en las Audiencias Provinciales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, siete nuevas plazas en los Tribunales de Instancia de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, una Sección de Violencia sobre la Mujer en Salamanca, una plaza de Presidencia del Tribunal de Instancia de Valladolid y dos plazas de juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El informe considera especialmente necesaria la creación de una plaza en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ávila y otra en la misma sección de León, cuyas necesidades han sido recogidas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sus memorias anuales desde 2020 y 2022, respectivamente.
No obstante, la valoración favorable del proyecto no impide que la Junta vuelva a poner de manifiesto algunas necesidades, tal y como hizo en el anterior informe favorable relativo a la creación de 19 plazas para 2026 en el mes de febrero. En concreto, este nuevo informe vuelve a advertir que no se contempla ninguna nueva unidad judicial en Palencia ni en Soria, pese a las necesidades que el Tribunal Superior de Justicia y la Administración autonómica vienen trasladando reiteradamente.
En concreto, en Palencia sigue pendiente la creación de una plaza en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, mientras que en Soria continúa sin atenderse la petición de constituir una Sección de Vigilancia Penitenciaria. Esta última figura, además, entre las prioridades recogidas en la Resolución de 15 de mayo de 2023 aprobada por la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, con motivo del debate de una Proposición No de Ley sobre este asunto.
