La negociación colectiva sigue atascada en Castilla y León y el poder adquisitivo de miles de trabajadores se hunde ante la escalada de precios. El año 2022 cerró con 77 convenios colectivos de sector pendientes para 155.067 trabajadores en la Comunidad, y sólo se suscribieron y publicaron 39 para 54.917 asalariados. A estos convenios paralizados, algunos desde 2019, se suman este ejercicio otros 37 que perdieron su vigencia el 31 de diciembre de 2022, para 99.905 empleados. Es decir, sindicatos y empresarios deberían sentarse a cerrar acuerdos sobre las condiciones laborales de 254.972 trabajadores en la Comunidad, en un contexto de hiperinflación del 6,5 por ciento, cuando los salarios medios pactados en convenio hasta diciembre se elevaron el 2,41 por ciento, por debajo del 2,75 por ciento en España.
El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, describe la situación a Ical y carga contra la patronal, a la que hace responsable de un proceso de concertación que “ha ido muy lento, al negarse a elevar los salarios”.
Fraile lamenta el impacto de la inflación en las retribuciones con una pérdida generalizada de poder adquisitivo cuando “los beneficios empresarial se han mantenido en el peor de los casos” y “han sido la principal causa de la inflación subyacente”, dice.
El dirigente sindical asegura que los beneficios de las empresas han mejorado a costa de los salarios y precisa que superan en 21.000 millones la cifra de 2019 en España en los tres primeros trimestres de 2022. Así, adelanta que seguirán reclamando a los empresarios que se recupere el poder adquisitivo perdido a través de las cláusulas de revisión en los convenios y subidas en función de una evolución económica “con resultados positivos de forma general”.
Responsabilidad
En este contexto, reclama a los empresarios “responsabilidad” para que la economía y el empleo de Castilla y León “no se resientan por la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores, lo que retraerá el consumo que es fundamental para el crecimiento”, razona.
Fernando Fraile pide a la patronal que evite procesos de movilización para “arrancarles incrementos salariales para sostener el poder adquisitivo” y que las negociaciones se puedan hacer “de forma rápida y sin conflictividad”.
No obstante, asume que si no hay respuesta, no tendrán otro remedio que tomar la calle y donde se den las condiciones se movilizarán. Recuerda a las empresas que si reúnen los “requisitos de pérdidas de manera fehaciente”, pueden recurrir a los mecanismos de descuelgue para dejar de aplicar los incrementos salariales pactados.
Fraile explica que junto a los convenios que se arrastran, ahora hay que iniciar las mesas de 2023, que deberían estar constituidas a lo largo de enero. “Esperemos que no haya negativa, porque lo habitual es que se nieguen a constituirlas en tiempo y forma como establece el Estatuto de los Trabajadores, esa es su forma de actuar”.
El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-CyL exige también a CEOE estatal que cierre un AENC para poder “desbloquear la negociación atrasada” que “no deja de ser por esa avaricia empresarial que venimos denunciando para elevar los beneficios a costa de los salarios y de negarse a negociar”. “Si se hubiera avenido al diálogo y la negociación no tendríamos esos 77 convenios pendientes, algunos desde 2019”.
El responsable sindical resume que la patronal se está negando a incremento salarial alguno, lo que “supondrá un gran empobrecimiento de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables, los de retribuciones más bajas, que fueron los que más sufrieron la devaluación en la anterior crisis económica, la de 2008, con las reformas laborales del PP” y “todavía no se han recuperado”.
Por el contrario, defiende que en la crisis actual “se ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera, con la nueva reforma pactada y las medidas de ERTE que han salvado millones de empleos en este país”. En este sentido, espera también una mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “en la que se revise de acuerdo con la inflación, hasta el entorno de los 1.100 euros mensuales”.
Provincias
Los datos de negociación colectiva de CCOO indican que quedan pendientes de negociar de años anteriores 15 convenios en Burgos (37.528 trabajadores); 14 en León (36.029); nueve en Valladolid (27.138); ocho en Segovia (9.887); siete en Salamanca (10.094) y Zamora (13.082); cinco en Ávila (7.178) y Soria (4.493); tres en Palencia (5.327); y cuatro interprovinciales (4.311).
Asimismo, este año se deben abrir mesas para negociar siete convenios en Palencia (16.502 trabajadores) y Soria (8.340); seis en Ávila (2.829); cinco en Burgos (24.506); tres en Salamanca (14.360) y Valladolid (25.200); dos en León (2.110) y Segovia (450); uno en Zamora (408); y otro interprovincial (5.200).
Así, en conjunto las mesas de negociación colectiva deberían alcanzar acuerdos sobre 20 convenios en Burgos (62.034); 16 en León (38.139); 12 en Soria (12.883) y Valladolid (52.338); once en Ávila (10.007); diez en Palencia (21.829), Salamanca (24.454) y Segovia (10.337=; ocho en Zamora (13.490); y cinco interprovinciales (9.511).
