La OCU denuncia ante la Comisión Europea que la tasa de basuras de varios ayuntamientos, entre ellos Zamora, no se ajusta al principio de “quien contamina, paga”. La organización solicita que se evalúe la aplicación de la normativa y se tomen medidas en caso de incumplimiento.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por la posible aplicación incorrecta de la tasa de basuras en distintos municipios de España. La organización pide que se revise si la transposición de la directiva europea sobre residuos cumple con la legislación comunitaria y solicita que, en caso de detectarse irregularidades, se inicie el procedimiento correspondiente.
La directiva europea establece el principio de “quien contamina, paga”, diseñado para incentivar una correcta gestión de los residuos. En España, la norma se incorporó mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa que refleje el coste real del servicio de gestión de residuos.
Sin embargo, según la OCU, municipios como Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora aplican una tarifa fija para todos los contribuyentes, lo que no refleja el coste real ni respeta el principio de quien contamina paga.
El caso de Madrid también ha sido señalado: la tasa se calcula con una parte fija basada en el valor catastral de la vivienda, combinada con criterios de generación de residuos por barrios y calidad de separación en cada distrito. Según la OCU, este método provoca “grandes diferencias entre vecinos”, mezclando residuos de origen no residencial con los domésticos y generando una fuerte penalización para algunos ciudadanos.
La organización recuerda que los contribuyentes que no estén de acuerdo con la liquidación de la tasa tienen un mes para impugnarla, y que los recursos pueden presentarse ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento o ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal.
