La Fiscalía pide 20 años de cárcel para cada uno de ellos, miembros todos de una misma familia
Archivo Imagen de archivo de un tribunal en Sevilla Eduardo Briones Europa Press Archivo
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar este lunes y el jueves un juicio contra cuatro miembros de una misma familia, acusados de diez presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, sobre compatriotas rumanos que tenían acogidos "en deficientes condiciones de salubridad" en Sanlúcar la Mayor y a quienes explotaban en fincas agrarias abonándoles apenas 10 o 15 euros semanales, mientras les descalificaban acusándoles de "vagos, piojosos o cerdos".
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son Vasile P., su esposa Sorina P. y sus hijos Alexandru T. e Ionut D.P., quienes presuntamente, "al menos desde 2019, se venían dedicando de forma organizada tanto jerárquica como funcionalmente a la captación de compatriotas rumanos bajo la falsa promesa de trabajo digno y bien remunerado, con el único propósito de explotarles laboralmente".
"El clan era dirigido por Vasile P., quien se ayudaba de su mujer en labores de dirección y control doméstico y se valía de sus hijos para el traslado y la custodia de las víctimas", indica el Ministerio Público.
El escrito de acusación prosigue explicando que Vasile P., "aprovechando la precariedad, desesperación, discapacidad mental y limitados conocimientos" de varios compatriotas rumanos que se encontraban en la localidad de Coreses (Zamora), "les ofreció la posibilidad de desplazarlos hasta Sevilla, donde les prometió trabajo en el campo, bien remunerado y con un alojamiento digno", aceptando las víctimas la oferta.
EN SANLÚCAR LA MAYOR
Así, y siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, la primavera de 2020, Vasile P. y sus hijos trasladaron a las víctimas hasta Sanlúcar la Mayor, donde instalaron a todas estas personas "en una única habitación" de una vivienda, donde "sólo contaban con cinco colchones distribuidos en el suelo, con una ventana de reja que no disponía de cristal, sin luz ni agua y en deficientes condiciones de salubridad".
Además, el Ministerio Público explica que Vasile P. habría recabado los documentos de identidad de las víctimas "con la excusa de tramitar sus papeles para regularizar su situación laboral, asumiendo cada uno de los trabajadores una deuda con Vasile de 530 euros", que "se mantuvo" pese a que el encartado no habría llegado a gestionar nada en favor de sus compatriotas, a los que habría sometido a jornadas laborales de unas diez horas de trabajo "con apenas un breve descanso para el bocadillo".
INCLUSO LES INSULTABAN
Vasile P., según la Fiscalía, cargaba a los trabajadores gastos como los de la gasolina por el traslado a las fincas agrícolas, organizando "las pautas de trabajo" en tales fincas junto a su mujer e hijos. Los acusados, según indica el Ministerio Público, se dirigían a los empleados "a gritos, imprecándoles que eran unos vagos, unos piojosos o unos cerdos", obligando incluso a trabajar "a una menor embarazada en avanzado estado de gestación".
Las víctimas, según el escrito de acusación, tan sólo percibían "10 o 15 euros semanales" e incluso "nada" algunas semanas, mientras Vasile P. les habría impedido su marcha "hasta que no saldaran sus deudas" con él, extremo "prácticamente imposible dada la evidente falta de recursos de los mismos".
"ABUSANDO DE SU PRECARIA SITUACIÓN"
"Los procesados imponían estas condiciones a sus víctimas, abusando de su precaria situación económica, sus escasos recursos intelectuales y su desconocimiento del idioma español", insiste la Fiscalía, detallando que estas personas fueron liberadas en diciembre de 2020 mediante una operación policial, saldada con el arresto de los procesados, en prisión desde entonces.
La Fiscalía achaca a los cuatro encartados diez delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral del subtipo agravado de pertenencia a organización criminal, en concurso con medial con un delito de explotación laboral, reclamando para cada uno de ellos once años de cárcel por cada uno de los delitos, "siendo de aplicación el límite máximo de cumplimiento efectivo de condena de 20 años de prisión".
