La situación política en Zamora ha escalado tras las recientes declaraciones del vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, en las que amenazó al Ayuntamiento de Zamora, en concreto al teniente alcalde David Gago, con cesar las colaboraciones entre ambas instituciones. Esta advertencia se produce en un clima de creciente desacuerdo sobre el destino de los recursos provinciales.
La Diputación de Zamora, cuya responsabilidad abarca 247 de los 248 municipios de la provincia, ha sido objeto de críticas por su notable intervención en la capital, un municipio que, al superar los 20.000 habitantes, queda fuera de sus competencias directas. Sin embargo, es precisamente en Zamora capital donde la Diputación destina mayores recursos, tanto en colaboraciones con entidades privadas como con el propio Ayuntamiento, además de mantener inmuebles y personal en la ciudad.
Grupos críticos señalan que los fondos que deberían llegar a los municipios más pequeños terminan concentrándose en la capital. Aunque reconocen que parte de esta inversión es inevitable, advierten que las subvenciones y colaboraciones en Zamora están aumentando de forma desproporcionada, en detrimento del resto de la provincia.
Según los críticos, el Partido Popular, que actualmente se encuentra en la oposición en el Ayuntamiento de Zamora, utiliza la Diputación como herramienta para influir en la política de la ciudad, compensando la falta de colaboración del Ayuntamiento en ciertas áreas. Se acusa al equipo de gobierno de la Diputación de emplear fondos provinciales para suplir las carencias del consistorio, lo que se percibe como un intento de intervenir en la política local con fines partidistas.
Desde ciertos sectores piden que la Diputación reduzca su intervención en la capital y destine más recursos a la provincia, donde sí tiene competencias. Los defensores de esta postura abogan por priorizar la financiación de servicios esenciales como los bibliobuses, la mejora de carreteras provinciales y el apoyo a los ayuntamientos en la captación de fondos europeos.
Finalmente, se insiste en que la Diputación debería cumplir con su amenaza y reducir su acción en la capital, destinando los fondos a los 247 municipios de la provincia que dependen de ella para mejorar infraestructuras y servicios.
