Este decreto fija los precios públicos de los estudios universitarios de Castilla y León para el próximo curso que conducen a la obtención de títulos de carácter oficial con validez en el territorio nacional, así como los servicios complementarios en las universidades públicas de la Comunidad.
En la actualidad, los ingresos que perciben las universidades por precios públicos cubren entre el 15 % y el 25 % del coste real de las enseñanzas en primera matrícula de modo que la mayor parte de la financiación universitaria se realiza con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad.
El decreto se estructura en una parte expositiva, cinco capítulos -que comprenden 17 artículos-, tres disposiciones finales y cinco anexos. La norma mantiene la posibilidad de pagar la matrícula de una sola vez, a principios de curso, o fraccionarlo en tres plazos: el primer pago, al formalizar la matrícula; el segundo entre el 1 y el 15 de diciembre; y el tercero, entre el 1 y el 28 de febrero. Además, en aras de la autonomía universitaria y atendiendo a una petición que la Universidad de Valladolid realizó el pasado curso, se sigue incluyendo la posibilidad de que estas instituciones establezcan, si así lo desean, su propia fórmula de pago fraccionado aplicándose el previsto en el Decreto en su defecto.
Igualmente, se mantiene la exención total de los precios por servicios académicos, por una sola vez, en el primer curso de enseñanzas de Grado al alumnado que inicie estudios universitarios y acredite matrícula de honor global en 2º de Bachillerato o ciclo formativo de FP de grado superior; que sea premio extraordinario de Bachillerato o de FP de grado superior; o que haya obtenido medalla en las olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología o Economía de ámbito nacional. Además, este año se ha introducido, como novedad, el derecho a la exención total de los precios para los alumnos que hayan obtenido el Premio Extraordinario de Bachillerato de Investigación/Excelencia. Asimismo, estará exento del pago de los precios públicos el estudiante que acredite, al formalizar la matrícula o solicitar el servicio, ser una persona con discapacidad, víctima de actos terroristas, miembro de familia numerosa o, por primera vez este año, a los estudiantes que sean hijos de mujeres fallecidas por violencia de género.
El contenido del decreto se ha presentado a los rectores de las universidades públicas de Castilla y León y se ha dado conocimiento del mismo a los ciudadanos en el espacio web de la Junta de Castilla y León denominado ‘Gobierno Abierto’.
