El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha explicado con detalle la situación que atraviesa el Puente de Piedra, después de que la Comisión Territorial de Patrimonio rechazara recientemente las propuestas presentadas por el Ayuntamiento para solventar los problemas detectados en la infraestructura.
Prada recordó que existen dos planos diferentes en este asunto. Por un lado, explicó que en julio de 2022 la Comisión aprobó un proyecto de intervención, cuya ejecución se prolongó hasta abril de 2025. Sin embargo, cuando llegó el momento de la recepción de la obra, el Ayuntamiento la rechazó por incumplir una orden ministerial de 2021. Esta normativa exige que en puentes con caída superior a seis metros se garantice una protección de 1,10 metros, algo que no cumplían los pretiles de la histórica infraestructura.
“Es un asunto que compete exclusivamente al Ayuntamiento, que debe solventarlo a través de sus servicios técnicos y aplicando la ley de contratos del sector público. No se puede trasladar esta responsabilidad a la Comisión de Patrimonio”, subrayó Prada.
En paralelo, el Ayuntamiento presentó dos posibles soluciones: la colocación de un cable de acero anclado al pretil y el levantamiento del último sillar mediante tacos de piedra arenisca de siete centímetros para alcanzar la altura requerida. La primera opción fue descartada por el propio Consistorio y la segunda fue rechazada por unanimidad en la Comisión.
“Uno de los objetivos fundamentales de Patrimonio es velar por la integridad de los monumentos. Alterar la estructura del Puente de Piedra con bloques de piedra de diferente medida rompe la visión patrimonial del conjunto”, explicó el delegado, recordando que el puente está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Prada insistió en que la Comisión actuó con criterios estrictamente técnicos: “Introducir piedras de siete centímetros, cuando todas las demás tienen entre 22 y 32, distorsiona el aspecto original del puente. Basta con observarlo para entenderlo”.
El delegado territorial también puso el foco en la ejecución del proyecto original, cuestionando por qué no se garantizó desde el inicio el cumplimiento de la orden ministerial: “En el proyecto se establecían todas las medidas de cada piedra. La pregunta es por qué no se controló durante los tres años de obra. Esa es la clave a resolver, más allá de trasladar la responsabilidad a Patrimonio”.
Prada defendió que existen mecanismos legales suficientes para reconducir la situación: “La ley de contratos del sector público permite exigir responsabilidades a la empresa constructora o a la dirección de obra, porque estaba claro desde el principio que debía cumplirse con la altura de 1,10 metros. Además, la normativa de 2021 ofrece interpretaciones específicas para los puentes históricos”.
Por último, lanzó un mensaje de colaboración, pero también de claridad sobre las competencias: “El ofrecimiento al Ayuntamiento siempre estará ahí para buscar soluciones. Pero hay que recordar que antes de la Comisión existe la Ponencia de Patrimonio, en la que también está representado el Consistorio, y ya se sabía que no habría acuerdo. La responsabilidad está en aplicar la normativa y corregir la obra, no en alterar un monumento que forma parte de la identidad visual de Zamora”.
