La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto este mediodía, ante el Juzgado de lo Social, una solicitud de medidas cautelarísimas, en materia de derechos fundamentales, en concreto al derecho a la vida y a la integridad física, y en materia de prevención de riesgos laborales, para obligar a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León que realice a todo su personal -sanitario y no sanitario- el test del coronavirus.
En la solicitud se considera que la Consejería de Sanidad debe poner a disposición “de los trabajadores de los centros e instituciones sanitarias los medios de protección necesarios y en el número que resulten suficientes, esto es, la realización de los test de diagnóstico del COVID-19, a fin de preservar la salud de los trabajadores en la prestación de su trabajo”.
En el escrito se argumenta que “con claro desprecio” a lo establecido en la normativa existente, la Consejería de Sanidad de Castilla y León “no ha tomado las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de sus trabajadores, lo cual ocasiona un grave peligro para ellos”.
En la solicitud se indica que, pese a los escritos dirigidos desde el inicio de la emergencia sanitaria, hasta ahora, no se ha obtenido ninguna respuesta, y que la Consejería de Sanidad incumple los artículos 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, y el RD 664/1997, de 14 de abril.
En una petición escrita dirigida a la Consejería de Sanidad, con fecha de 27 de marzo, se señalaba que “ante la grave situación por la que pasa todo el personal al servicio de las Instituciones sanitarias gestionadas por Sacyl, en cuanto a la salud personal, la de sus familias, la de sus compañeros, la de los pacientes a quienes atienden y la de los familiares de estos”, se pedía que en un plazo de 48 horas se procediera a realizar el test que detecte el posible contagio del coronavirus, a todos los trabajadores de Sacyl.
Esta exigencia tiene por objeto que aquellos profesionales que estén infectados sean dados de baja, de manera inmediata, para pasar la cuarentena. Asimismo, permitirá a aquellos otros trabajadores que estén sanos, pero en cuarentena por no saber si padecen la infección, que puedan incorporarse a su puesto de trabajo. El silencio y pasividad de la Consejería de Sanidad ha llevado a CSIF a dar un paso más y acudir al Juzgado.
