Solo tres de cada 20 jóvenes consigue emanciparse en Castilla y León. Este es el principal dato que se extrae del Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud de Castilla y León con datos del segundo semestre de 2023, pese al aumento con respecto al semestre anterior, que sitúa la tasa en el 15,8 por ciento.
De hecho, y según revelaron tanto el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, como la presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad, Sandra Ámez, el aumento de la tasa de emancipación se acompaña de una subida del precio del alquiler, del 8,5 por ciento, que sitúa el precio mediano en 616 euros, por lo que, con un salario mediano de 967,93 euros, deja apenas 351,93 para gastos de los jóvenes que alquilan una vivienda.
Incluso esa cantidad se reduce hasta los apenas 260 euros para “hacer frente a comida y resto de gastos mensuales” si se descuenta el coste de los suministros de la vivienda, que asciende en Castilla y León a 90,97 euros al mes. En todo caso, tanto alquiler como suministros y salario se encuentran por debajo de la mediana nacional.
Y es que los jóvenes en España cuentan con 1.050,77 euros de salario mediano para afrontar “el alquiler más alto de la historia”, de 968 euros al mes tras una subida anual de 88 euros, y un coste en suministros que asciende a más de 208 euros, lo que supone que a los jóvenes en España “les faltarían 125,84 euros para pagar el alquiler y los suministros”.
2,8 años de sueldo para pagar la entrada de un piso
Por si la solución pudiese ser la compra de la vivienda, en sustitución del alquiler, los datos del Observatorio de la Emancipación de Castilla y León en el segundo semestre de 2023 indican lo contrario. Y es que una persona joven “tiene que destinar el sueldo íntegro de 2,8 años para pagar la entrada e, incluso ahorrando esa cantidad, el coste de la hipoteca supondría el 49,9 por ciento de sus salario”.
“En ambos casos, se sobrepasa el nivel de sobrendeudamiento del 30 por ciento”, apuntó Sandra Ámez en declaraciones recogidas por Ical, que entre otros factores negativos que arroja el Observatorio sobre la población de Castilla y León, señaló que se trata de una comunidad “ampliamente envejecida” donde solo el 12,9 por ciento de las personas son consideradas jóvenes y arroja un saldo migratorio negativo en lo referente a la población joven tanto en relación a otras comunidades, con 2.595 emigrantes más que inmigrantes, como en relación a otros países, con 3.378 jóvenes menos en la Comunidad.
Eso sí, también quiso Ámez aportar datos positivos como que el 33,1 por ciento de las personas jóvenes “está trabajando y estudiando simultáneamente”, lo que contraviene la idea de los jóvenes ‘nini’ cuyo porcentaje en la Comunidad es “tan pequeño que no es estadísticamente significativo”, así como que “se ha disminuido la sobrecualificación” en los trabajos y que “la reforma laboral ha mejorado la contratación de las personas jóvenes”, hasta el punto que el 34,6 por ciento cuenta ya con contratos indefinidos. Un porcentaje más alto pero “insuficiente” que lleva a la presidenta del Consejo de la Juventud a apuntar que “hay que acabar con la temporalidad en el empleo joven”.
Regular en zonas tensionadas
Se trata de uno de los retos que se deben abordar para solventar los problemas de la vivienda en Castilla y León y entre los que Ámez también apuntó “la creación de viviendas asequibles, aumentando el parque público, y la regulación del precio”. Un aspecto en el que la presidenta nacional del Consejo de la Juventud, Andrea González Henry, se mostró partidaria de “regularlo en las zonas tensionadas”, pese a reconocer que es una “cuestión conflictiva” en el reparto de competencias.
Por ello, pidió a “todas las partes” que negocien “un pacto que dure y que solucione el problema tanto en los municipios como en las comunidades”, dado que esta “debe ser la legislatura de la vivienda”. “Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de dar una solución urgente” a esta cuestión, aseveró González Henry, con “políticas públicas que mejoren la realidad para construir un futuro no solo más decente sino más digno para toda la juventud”.
A nivel autonómico, Ámez pidió por su parte un “pacto social intergeneracional” que contemple “medidas concretas y a largo plazo” para que las administraciones y el sector público asuman “el papel que deben para dar oportunidades dignas a las personas jóvenes, tanto en el acceso a la vivienda como en el empleo de calidad”.
Segovia, la más cara
Por último, y como novedad, el Consejo de la Juventud de Castilla y León disgregó por provincias el precio del alquiler y de la compra de vivienda, en el que se aprecian “diferentes velocidades”, como apuntó Ámez, fruto de la casuística de cada territorio. Así, mientras en Segovia el alquiler mediano asciende a 727,88 euros, lo que supone que los jóvenes destinen el 75,2 por ciento de su salario a la renta, en Zamora era de apenas 463,64 euros, el 47,9 por ciento.
El piso compartido surge así como “opción única y más viable”, pese a que la dedicación salarial sigue siendo importante, en este sentido, en Burgos, donde el alquiler habitacional se lleva el 31 por ciento de los recursos de los jóvenes, mientras que en Palencia y Zamora es solo el 20,7 por ciento. Por último, en cuanto a vivienda libre en propiedad, Valladolid es la provincia donde más recursos deben destinar los jóvenes, un 60,9 por ciento de su salario, mientras que en Zamora la cantidad baja al 37,4 por ciento.
Esta situación de los precios hace que la tasa de emancipación tenga diferencias entre provincias de hasta casi diez puntos, desde el 20,1 por ciento de Valladolid hasta el 10,2 de Segovia, marcado claramente por los altos precios del alquiler de esta última provincia por, según apuntó Ámez, “su cercanía con Madrid”, que hace que muchos jóvenes se decanten por esta provincia porque, pese a sus altos precios en relación al resto de territorios de la Comunidad, siguen siendo más bajos que en la capital de España.
