El partido Unión del Pueblo Leonés exige a la Junta de Castilla y León y al “Ayuntamiento de Zamora que “deje de anunciar vivienda pública y empiece a construirla”. Los regionalistas reclaman en las Cortes que se concrete qué suelo está realmente disponible, cuántas viviendas se construirán, con qué presupuesto y cuándo estarán a disposición de los ciudadanos.
El procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha registrado en las Cortes una iniciativa para conocer qué terrenos municipales han sido puestos formalmente a disposición de la Junta, cuáles han sido aceptados, qué promociones se pretenden ejecutar sobre ellos, cuántas viviendas contemplan y cuándo está previsto que puedan estar a disposición de los ciudadanos.
La formación leonesista pone el foco en la disponibilidad de suelo y recogen datos dados por el alcalde de Zamora en 2025, quién aseguró que el Ayuntamiento disponía de terrenos para que la Junta pudiera construir “más de mil” viviendas sociales en la ciudad, principalmente en Vista Alegre, y manifestó su disposición a ponerlos a disposición de la Administración autonómica.
Entre esos terrenos se encuentran las parcelas recuperadas tras la operación fallida de Proinsa en Cardenal Cisneros, que en su día estaban destinadas a una promoción de 250 viviendas protegidas y sobre las que el Ayuntamiento ha señalado nuevamente una capacidad aproximada para otras 250 viviendas.
Para UPL, la cuestión ahora es saber qué ha ocurrido con esos anuncios y qué piensa hacer realmente la Junta con el suelo municipal. “Si el Ayuntamiento asegura que tiene suelo para más de mil viviendas y está dispuesto a ponerlo a disposición de la Junta, queremos saber cuántas se van a construir, dónde, con qué presupuesto y cuándo”, señala UPL.
La formación considera además preocupante la ejecución de las partidas destinadas a vivienda. Según los datos recogidos en la documentación presupuestaria de la Junta, durante 2025 se ejecutaron en Zamora 87.022 euros de los 524.143 euros previstos para rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social dentro del Fondo de Cohesión Territorial, apenas el 16,6 %, quedando sin ejecutar 437.121 euros.
