La violencia filio-parental, aquella que ejercen los hijos e hijas contra sus progenitores o contra los adultos que ocupan ese lugar, sigue siendo una realidad difícil de ver fuera de las paredes de casa. En Zamora, los datos de la Fiscalía dibujan un aumento significativo: la provincia pasó de seis expedientes incoados en 2024 a 14 durante 2025, más del doble en apenas un año.
El incremento adquiere mayor dimensión al ponerlo en perspectiva. Castilla y León pasó de 100 expedientes en 2024 a 143 en 2025, mientras que en el conjunto de España la evolución fue en sentido contrario: los procedimientos descendieron de 4.521 a 4.038.
La fotografía que deja el informe de Fundación Amigó, elaborado a partir de las memorias de las Fiscalías de Menores de las comunidades autónomas, muestra así una realidad desigual según el territorio. Y en Zamora, pese a tratarse de cifras absolutas reducidas, el salto registrado en un solo ejercicio resulta especialmente visible.
De 6 a 14 expedientes en Zamora
La provincia zamorana registró 14 expedientes incoados por violencia filio-parental durante 2025, frente a los seis del año anterior. La diferencia supone ocho procedimientos más y un incremento del 133,3% respecto a 2024.
El dato debe leerse, además, en términos absolutos: se trata de expedientes incoados, no de una estimación del número total de familias que pueden estar atravesando situaciones de violencia dentro del hogar.
La propia definición utilizada en el informe acota el fenómeno. La violencia filio-parental comprende conductas reiteradas de violencia física, psicológica o económica dirigidas por los hijos e hijas hacia sus progenitores o hacia adultos que ocupan su lugar. Quedan fuera, entre otros supuestos, las agresiones puntuales, las producidas durante estados de disminución de conciencia que desaparecen al recuperarla, determinados casos relacionados con autismo o discapacidad intelectual grave y los parricidios sin una historia previa de agresiones.
Es decir, no cualquier conflicto familiar ni cualquier episodio aislado entra dentro de esta categoría.
Un aumento que contrasta con la evolución nacional
El caso de Zamora se encuadra en una evolución autonómica que también apunta al alza. Castilla y León pasó de 100 expedientes en 2024 a 143 en 2025, un aumento de 43 procedimientos, equivalente al 43%.
Dentro de la Comunidad, los registros presentan diferencias importantes entre provincias. Burgos contabilizó 47 expedientes; León, 30; Valladolid, 22; Salamanca, 18; Zamora, 14; Ávila, 4; Soria, 4; Segovia, 2; y Palencia, 2 durante 2025.
Zamora se sitúa, por tanto, en 14 procedimientos, por detrás de las provincias que concentran los mayores registros autonómicos y por delante de Ávila, Soria, Segovia y Palencia.
La comparación con 2024 permite apreciar también cómo cambia el mapa provincial. Entonces Zamora contabilizó seis expedientes, mientras que Burgos registró 11, León cinco, Valladolid 14 y Salamanca cuatro.
Castilla y León se mueve en dirección contraria a España
La evolución de Castilla y León contrasta con la del conjunto del país.
El informe cifra en 4.038 los expedientes incoados en España durante 2025, frente a los 4.521 de 2024, lo que supone 483 procedimientos menos.
La caída nacional no se reproduce en todas las comunidades. Los datos recopilados a partir de las memorias regionales de las Fiscalías de Menores muestran comportamientos muy diferentes según el territorio. Madrid aparece con 1.036 expedientes en 2025, Andalucía con 831 y la Comunidad Valenciana con 655. Castilla y León contabilizó 143.
El dato zamorano, por tanto, no puede interpretarse aisladamente como una tendencia nacional. Lo que sí muestra es que la provincia experimentó en 2025 un incremento muy superior al registrado un año antes, en un contexto autonómico también ascendente.
Una violencia que puede permanecer dentro de casa
Uno de los elementos que explica la dificultad para dimensionar el fenómeno es precisamente su carácter familiar. El informe advierte de que en muchas ocasiones esta violencia no llega a salir del ámbito privado y permanece oculta.
La familia se convierte así simultáneamente en el escenario donde se producen los episodios y en el espacio en el que pueden intentar resolverse antes de que lleguen a los servicios públicos o al sistema judicial.
Por eso, las cifras de expedientes incoados no deben confundirse automáticamente con la totalidad de situaciones existentes. Son los casos que llegan a quedar reflejados en las estadísticas de las Fiscalías de Menores, no un censo de todos los conflictos de esta naturaleza que puedan existir.
La Fundación Amigó señala que el fenómeno requiere respuestas especializadas y plantea la intervención con todos los miembros de la unidad familiar como una vía para abordar el conflicto y tratar de recuperar la convivencia.
Un fenómeno que no se limita a la agresión física
Hablar de violencia filio-parental no significa únicamente hablar de golpes.
La definición recogida en el informe incluye violencia física, psicológica y económica, siempre dentro de las conductas reiteradas que contempla el concepto.
La violencia puede aparecer, por tanto, en distintas formas y con diferentes grados de intensidad. El conflicto familiar puede comenzar mucho antes de que se produzca una agresión física y alcanzar una dimensión que termine haciendo necesaria la intervención de profesionales especializados.
Ese carácter progresivo es precisamente uno de los motivos por los que las entidades que trabajan con estas familias ponen el foco en la prevención y en la intervención temprana.
14 expedientes que dibujan una realidad mucho mayor
Los 14 expedientes de Zamora en 2025 son una cifra pequeña en términos absolutos si se compara con las grandes provincias españolas, pero adquieren otra lectura cuando se comparan con los seis procedimientos registrados en la propia provincia un año antes.
No permiten, por sí solos, determinar las causas del incremento ni afirmar que exista una tendencia consolidada. Para ello sería necesario disponer de una serie temporal más amplia y de información adicional sobre las características de cada expediente.
Sí permiten constatar, en cambio, un cambio muy concreto en la estadística provincial: Zamora pasó de seis a 14 expedientes incoados en un año.
Y detrás de cada expediente hay una familia en la que el conflicto ha dejado de ser únicamente un problema de convivencia para entrar en el ámbito de una violencia que requiere una respuesta especializada.
propias familias.
