El Consejo Consultivo de Castilla y León ha presentado hoy, en sesión pública y solemne presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la Memoria del pasado año en el que se emitieron 696 dictámenes y se resolvieron 208 recursos.
La institución, integrada por el presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros electivos, Valle Ares y Francisco Ramos, y el consejero nato y ex presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, particularidad única en España.
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, ha destacado el papel fundamental de esta Institución Propia encargada de velar por los derechos de los castellanos y leoneses en el proceso de toma de decisiones de la Comunidad y la función indispensable que realiza en un Estado social y democrático de Derecho.
También ha querido subrayar la labor de la institución como garante de la legalidad de las decisiones administrativas y de contratación pública. Del mismo modo recuerda que las normas y su interpretación fundamentan tanto los dictámenes del Consejo como las resoluciones del Tribunal, y explica que ambos ejercen sus funciones con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional.
El acto ha contado además con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco que ha procedido a firmar el libro de honor del Consejo Consultivo ubicado en Zamora, poniendo además de manifiesto la importancia de este órgano y su buen funcionamiento.
Nuevas consultas: COVID-19 y cotos de caza
En cuanto a la función consultiva, la Memoria recoge que de los 696 dictámenes aprobados en 2022, casi un 27% más que en 2021, el 56,03 % (390) han sido solicitados por la administración autonómica, el 43,83 % (305) por las administraciones locales y uno por las universidades públicas.
Tras siete años en que las consultas mayoritarias eran de entidades locales, en 2022 han sido superadas por las procedentes de la administración autonómica debido fundamentalmente a la existencia de dos bloques novedosos: por un lado, de la Consejería de Sanidad, que además de las consultas habituales, ha solicitado dictamen en 94 expedientes de responsabilidad patrimonial con motivo de los daños y perjuicios derivados de la pandemia de la COVID-19; y por otro, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha tramitado 78 expedientes de responsabilidad patrimonial ante el Consejo por perjuicios a los cotos de caza a consecuencia de la prohibición de la caza del lobo. En ambos casos, los dictámenes del Consejo Consultivo han resultado desestimatorios.
Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 696 dictámenes, el 76%, es decir 530, son de responsabilidad patrimonial.
Por materias, el mayor número de dictámenes (161) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación); a continuación se sitúan los 94 expedientes relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente), 85 de ámbito sanitario y los 78 expedientes relativos a los daños y perjuicios sufridos por no proceder a la caza del lobo en diferentes cotos de caza.
Si relacionamos las materias sobre las que versan los expedientes de responsabilidad patrimonial con las provincias donde se instruye el expediente, destacan los relacionados con la pandemia de la COVID-19, especialmente en Salamanca, Burgos y León; los de ámbito sanitario en Valladolid, León y Salamanca; y los relativos al ámbito vial en Valladolid, Salamanca y León. Una mayor frecuencia de un tipo de asunto no puede llevar por sí sola a la conclusión de que en dicha materia la provincia afectada presente especiales problemas o déficits. Con frecuencia los datos que se registran están más relacionados con la diligencia y cumplimiento de las administraciones afectadas que con la propia realidad provincial.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial tienen como referencia el lugar en el que se han producido los daños que se reclaman. De este modo Zamora, Valladolid, Burgos y León encabezan la lista de provincias de las que proceden más consultas. Concretamente, la provincia de Zamora se erige como la que más dictámenes ha generado (124) con motivo de los expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con la prohibición de la caza del lobo.
Por otro lado, señalar que de las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, casi el 96% han mantenido el criterio adoptado por el Consejo lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2022 se resolvieron 208 recursos.
El 68,75% (143) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios. El principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación (40,38 %), seguido del de pliegos (35,58 %) y del de exclusiones y no exclusiones (19,23 %).
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 32 actos recurridos que representan el 15,38 % del total. No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 77 (37,02 %).
En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido fue Valladolid. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 5.434.564.603 euros.
