La investigación abierta en Guinea Ecuatorial sobre el fallido proyecto de implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) tiene como uno de sus principales protagonistas a Roberto Martín Hernández, un empresario zamorano que las autoridades del país africano sitúan como presunto brazo ejecutor de una trama de sobornos y que permanece en búsqueda y captura desde octubre de 2025.
La orden fue anunciada públicamente por el vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, quien aseguró que la Fiscalía General había solicitado la colaboración de Interpol para localizar a Martín Hernández por su supuesta implicación en el pago de sobornos relacionados con la empresa Wayang Teknical, adjudicataria del proyecto de digitalización televisiva del país.
Según sostienen las autoridades ecuatoguineanas, la compañía habría desarrollado una supuesta contabilidad paralela con nombres en clave de altos cargos y funcionarios públicos que presuntamente recibían pagos ilícitos para favorecer la ejecución del contrato.
Un proyecto millonario bajo sospecha
El Gobierno de Guinea Ecuatorial resaltó que el proyecto de TDT acumulaba importantes irregularidades pese a haber recibido más de 10.600 millones de francos cefas, una cantidad equivalente a más de 16 millones de euros, destinados a la primera fase de la instalación.
Las investigaciones oficiales sostienen que, tras casi una década de trabajos y con una inversión que supera los 10.000 millones de francos cefas, únicamente se habrían levantado doce centros emisores y el sistema seguiría sin funcionar correctamente, con solo el 70 % del material adquirido.
Las autoridades atribuyen a Roberto Martín Hernández un papel clave como presunto responsable de los pagos de sobornos, cifrados por la Fiscalía en alrededor de 4.000 millones de francos CFA.
Dos trabajadores españoles encarcelados
Pero esta trama tiene una cara mucho más dura y cruel. Mientras el empresario zamorano continúa en busca y captura en el país, el caso mantiene desde hace más de un año y medio en prisión a dos ciudadanos andaluces, Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, antiguos empleados de Wayang Teknical que acudieron a una reunión cuando los presuntos responsables ya estaban fuera del país y sin conocer las investigaciones que pesaban sobre la empresa y que posteriormente fueron detenidos junto a otros diez trabajadores ecuatoguineanos vinculados a la compañía.
Los dos españoles permanecen recluidos en la prisión de Black Beach (Playa Negra), considerada una de las cárceles más duras del mundo y sobre la que diferentes organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente las deficientes condiciones de reclusión.
El Parlamento Europeo pidió su liberación
La situación de Javier Marañón y David Rodríguez llegó al Parlamento Europeo, que en octubre de 2025 aprobó una resolución en la que condenaba las condiciones de detención existentes en Guinea Ecuatorial y solicitaba a las autoridades del país el levantamiento de la prisión preventiva para ambos ciudadanos españoles.
El texto reclamaba garantías para el respeto de sus derechos fundamentales, incluyendo un juicio justo, asistencia jurídica y atención médica, además de mostrar preocupación por las denuncias sobre torturas, condiciones penitenciarias infrahumanas y la falta de independencia judicial en el país africano.
No obstante, pasa el tiempo y la situación no ha cambiado.
