El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha elevado al Consejo de Ministros y Ministras el XVIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, correspondiente a 2024, que será remitido a las Cortes Generales.
El documento refleja un incremento en las políticas de apoyo a las víctimas y confirma que entre 2006 y 2024 se han concedido 14.458 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja al amparo de la Ley Integral 1/2004.
El informe destaca que 2024 fue el ejercicio con mayor número de ayudas concedidas desde que existe registro, con 1.697 prestaciones económicas asignadas, lo que supone el máximo histórico de la serie.
El incremento se interpreta como una consolidación de los mecanismos de protección y asistencia económica a las víctimas de violencia machista.
En el ámbito laboral, desde 2003 hasta 2024 se han registrado 13.979 contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia de género, violencia doméstica o violencia sexual. De ellos, 405 se formalizaron en el último año.
Además, en el mismo periodo se contabilizaron 4.998 contratos de sustitución para trabajadoras víctimas de violencia, de los cuales 277 corresponden a 2024.
Violencia sexual: impacto sobre mujeresEl informe recoge también que el 85,7% de las victimizaciones por delitos contra la libertad e indemnidad sexual se cometieron contra mujeres, siendo la agresión sexual el delito más frecuente, con un 62,7%.
Estos datos confirman la persistencia de la violencia sexual como una de las principales formas de violencia de género en España.
En 2024 se registraron 49 víctimas mortales por violencia de género, frente a las 58 del año anterior, la cifra más baja de la serie histórica hasta ese momento.
A cierre de año, 7.777 internos cumplían condena en prisión por delitos de violencia en la pareja o expareja, sin incluir Cataluña. Además, se contabilizaron 40.685 mandamientos judiciales relacionados con penas y medidas alternativas.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión del informe a las Cortes Generales, en cumplimiento del compromiso del Gobierno con la transparencia y la evaluación de las políticas públicas en materia de violencia machista.
El documento refuerza el diagnóstico institucional sobre la magnitud del problema y la evolución de las medidas de protección y asistencia a las víctimas.
