El Congreso destinó cerca de 920.000 euros en 2025 en los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado al castellano de las intervenciones que se realizaron en lenguas cooficiales, tanto en los plenos como en las distintas sesiones de las comisiones parlamentarias.
En concreto, la Cámara Baja invirtió un total de 919.669,49 euros durante todo el año pasado, lo que supuso una media de 76.600 euros al mes, de 17.700 euros a la semana y unos 2.500 euros por día para garantizar el uso de euskera, catalán o gallego en la sede de la soberanía nacional.
El Congreso aprobó la reforma del Reglamento que regulariza el uso de las lenguas cooficiales en septiembre de 2023, puesto que se trataba de una exigencia de ERC y Junts para apoyar la Presidencia de Francina Armengol, lo que permitió a PSOE y Sumar hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.
Aunque las lenguas cooficiales se pudieron usar desde el primer momento en los Plenos, no fue hasta un año después cuando la Mesa del Congreso adjudicó un contrato de servicios de traducción, interpretación transcripción y subtitulado en directo al castellano por un precio máximo para cuatro años de 12,5 millones de euros.
2025, EL PRIMERO AÑO COMPLETO CON DATOS
Por tanto, 2025 es el primer año completo del que tienen datos de los gastos relativos al uso de las lenguas cooficiales. En concreto, según los datos recopilados por Europa Press a través del portal de transparencia, el Congreso gastó 660.359,92 euros en los servicios de interpretación en las 66 sesiones plenarias, dos de la Diputación Permanente --el órgano que sustituya al Pleno en periodos extraordinarios-- y 285 reuniones de comisiones que se celebraron ese año.
Mayo, con un gasto de 101.041,29 euros; octubre, con 82.750,93 euros; y noviembre, con 76.617,68 euros son los meses en los que se pagó más, derivado de la actividad parlamentaria. Por contra, los meses con menor gasto en interpretación fueron agosto (4.260,17 euros), enero (14.991,42 euros), julio (23.979 euros), ya que son los meses inhábiles a efectos parlamentarios, según establece la Constitución.
