La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que se deben establecer “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.
El ministerio de Función Pública informó hoy que ha pedido más tiempo a la ComisiónEuropea antes de que se hagan efectivas las sanciones por incumplir los objetivos de la Ley de Estabilización que limitan al 8 por ciento la tasa de temporalidad. El propio Ministerio reconoce que, en los sectores de Educación y Sanidad, la temporalidad asciende al 49 y 43 por ciento respectivamente.
Por ello, CSIF propone:
- Endurecer las sanciones.
- Que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal.
- Reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).
- Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.
CSIF traslada su solidaridad con los miles de personas que están todavía en situación de abuso de la temporalidad. Y vamos a continuar nuestras medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno cumpla y se dé solución a los problemas que todavía sufren grandes profesionales en todos los ámbitos de nuestras administraciones, después de años de servicio ejemplar.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida el pasado 11 de mayo avala la posición de nuestra organización: las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad.
