El Consejo de Ministros aprobará este martes una nueva ley que protegerá la indemnidad de los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su entorno laboral, así como a su núcleo familiar.
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El anteproyecto de ley modifica algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que quienes denuncien corrupción en sus centros de trabajo no sufran consecuencias como despidos, amenazas o situaciones de acoso.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que el objetivo de esta iniciativa es que denunciar públicamente irregularidades no tenga consecuencias negativas para el trabajador, además de ampliar las causas por las que un despido podrá ser declarado nulo.
