El ministro de Hacienda, Arcadi España, reunirá este miércoles a los consejeros de las comunidades autónomas de régimen común en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir el nuevo sistema de financiación autonómica, que cuenta con el rechazo de todas las regiones gobernadas por el PP y de algunas socialistas, como Castilla-La Mancha.
El modelo planteado por Hacienda modifica algunos de los criterios del modelo anterior, que data de 2009. El resultado de esos cambios se traduciría en 20.975 millones de euros más para las comunidades autónomas en 2027 de los que obtendrían con el modelo vigente.
La oposición al nuevo sistema parte de su origen, un pacto entre el Gobierno y ERC en el que el PP ve una cesión al independentismo. Esto provocó que, en el CPFF de enero, en el que la exministra María Jesús Montero presentó el proyecto, todos los consejeros populares abandonaran la reunión. Ese CPFF fue solo informativo. Sin embargo, en el de este jueves, las comunidades autónomas ya conocen y han trabajado el texto del proyecto, que esta vez sí estará sometido a votación.
En estos siete meses, el Ministerio de Hacienda ha tratado de reunirse con los consejeros autonómicos para explicarles y mejorar la propuesta. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, solo logró reunirse con Cataluña, la única que respalda abiertamente el nuevo modelo, Asturias y Castilla-La Mancha, esta última más próxima al rechazo del PP.
Los consejeros populares declinaron los encuentros con Gascón y denunciaron la “bilateralidad” de un modelo de financiación que, a su juicio, está pensado solo para satisfacer a Cataluña. No obstante, las comunidades del PP sí han accedido después a participar en el Comité Técnico.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha negado en todo momento que se trate de un modelo bilateral y ha defendido la multilateralidad del CPFF, donde están representados los territorios, así como del Congreso, donde deberá tramitarse.
Pese a ello, la posición de los populares no ha cambiado. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, denunció el sábado que el nuevo modelo de financiación autonómica genera “división, confrontación y desigualdad entre los españoles” porque solo responde “a las exigencias de los partidos independentistas”.
El ministro de Hacienda ha manifestado en varias ocasiones que entiende las discrepancias políticas del PP al modelo de financiación y al pacto con ERC, si bien le ha animado a presentar propuestas con alternativas.
“No hay nada perfecto, todo siempre tiene margen de mejora, pero lo que digo es que hablemos. Si no les gusta el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que me digan cuál es el que quieren”, expuso España en una entrevista reciente.
Desde el PP, Bravo respondió esta semana que ya presentaron su proyecto de financiación al Gobierno en 2024 y afeó al Ejecutivo que “jamás contestó”. El PP abogó en ese documento por una financiación que se negocie con todos y “no a puertas cerradas”.
Sin embargo, el rechazo manifestado por el PP a lo largo de estos meses no impedirá que la nueva propuesta se apruebe el miércoles, siempre que se constituya el CPFF. El Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos y las autonomías tienen la otra mitad, por lo que solo necesitaría el voto de una región para que salga adelante. Ese ‘sí’ ya está garantizado con el visto bueno de Cataluña.
El objetivo del Gobierno es que el texto de este proyecto, que se tramitará como Ley Orgánica, llegue al Congreso en el siguiente periodo de sesiones y que esté en vigor el 1 de enero de 2027. No obstante, el Ejecutivo necesita la mayoría absoluta del Congreso para sacar adelante una Ley Orgánica.
El borrador enviado a mediados de julio a las comunidades autónomas incluye como uno de sus puntos fundamentales el criterio de población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación. De esta forma, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades.
El Ejecutivo estableció que la población ajustada se determinará por la población padrón, que supone el 30% de la ponderación de la población ajustada. También se tendrá en cuenta la población protegida equivalente, que pretende representar el gasto sanitario, con un peso del 38%; la Educación, para determinar el gasto educativo, se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. En este punto, también se introduce el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades, con una ponderación del 3,5%.
Por último, para establecer la población ajustada, se tienen en cuenta los servicios sociales, que desglosan al grupo de población mayor de 65 años entre 65 a 79 años, y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del siete por ciento. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social. Por otro lado, se tienen en cuenta elementos como la superficie de la región, la dispersión, la insularidad y los costes fijos.
Con esta nueva propuesta de financiación, Hacienda también busca incrementar la capacidad tributaria de las comunidades, para que tengan más ingresos y autonomía, con el objetivo de aumentar sus recursos en casi 16.000 millones en 2027.
Fuentes de Hacienda insistieron en que la modificación más significativa es el incremento de la cesión por IRPF e IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.
El modelo también se basa en una nivelación horizontal que se traduce en garantizar que todas las comunidades alcancen un 75 % de la media de recursos por habitante ajustado a partir de su capacidad tributaria. Así, las autonomías con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema.
En lo que respecta a la nivelación vertical, se recibirá una aportación de 19.000 millones con el objetivo de reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad con la que más recursos tiene, que es Madrid. Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del cinco por ciento del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las CCAA respecto a la que tiene mayores recursos.
Los parámetros anteriores suponen casi el 99% de los recursos autonómicos, pero el modelo contempla otros elementos. Entre ellos, está el Mecanismo IVA Pymes, que permitirá a las comunidades autónomas recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio.
Por otro lado, Hacienda creó en este nuevo modelo el Fondo Climático, dotado de unos 1.000 millones. De esa cantidad, dos tercios se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.
La propuesta de financiación del Ministerio también garantiza el statu quo de las comunidades, que se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará a este fin unos 400 millones que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura.
Al margen del modelo de financiación, se reformularán los Fondos de Compensación Interterritorial para favorecer el dinamismo económico en las CCAA cuyos recursos por habitante ajustado estén por debajo de la media. El objetivo es reforzar la convergencia territorial de tal forma que puedan impulsar su economía, infraestructuras y productividad.
