El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto comparecer este miércoles 25 de febrero ante la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de la implementación de la obligatoriedad de la baliza de señalización de emergencia V16 en España, obligatoria desde el 1 de enero.
Según el orden del día, Grande-Marlaska también informará sobre el "caótico proceso" de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y sobre las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar sobre la nueva normativa.
Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalizara el mes de enero. Así, Marlaska tenía previsto comparecer ante la comisión el pasado 29 de enero, pero una "indisposición" del ministro obligó a desconvocar la sesión.
No obstante, el pasado 11 de febrero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el titular de la cartera de Interior volvió a defender el uso obligatorio de la baliza V16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, mientras que el PP vinculó esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE.
Marlaska insistió en defender la V16 como un medio necesario para "salvar vidas". "Tómese en serio la seguridad", reclamó Marlaska, equiparando este dispositivo al carné por puntos, el cinturón de seguridad o bajar la tasa de alcohol al volante.
El titular del Interior argumentó que 25 personas fallecen en España al año como consecuencia de salir de sus vehículos para colocar los triángulos de señalización de avería o emergencia. También puso en valor que la normativa fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial y que un diputado del PP llegó a respaldar la V16 en la Comisión de Seguridad Vial y la conectividad en la circulación.
En este contexto, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".
Por otra parte, la Comisión Europea se plantea posibles consecuencias jurídicas a España por no notificar a la Comisión la implementación y obligatoriedad de esta medida, según informa Europa Press. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha señalado en nombre del Ejecutivo comunitario que los Reales Decretos españoles que regulan el uso obligatorio del dispositivo y su conexión con la Dirección General de Tráfico (DGT), "no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535".
No obstante, el escrito precisa que son los propios Estados quienes deben valorar si una norma nacional encaja dentro del ámbito de aplicación de esa obligación de notificación, sin pronunciarse de forma expresa sobre si, en este caso concreto, España estaba jurídicamente obligada a comunicar la medida.
A continuación, la Comisión recuerda el marco general previsto en la normativa europea y señala que, si un país del club comunitario no cumple con la obligación de comunicar un reglamento técnico cuando proceda, puede "aplicar medidas" en virtud de lo establecido en los Tratados de la UE, que contemplan la posibilidad de actuar frente a posibles incumplimientos nacionales.
Además, expone las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535"
