El Ministerio del Interior ha reforzado las medidas de seguridad y protección en los centros educativos con el objetivo de aumentar la prevención de los riesgos asociados a las nuevas tecnologías digitales, como la ciberdelincuencia o el ciberacoso, y de combatir con más eficacia las violencias sexuales y de género y la discriminación.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha firmado este jueves una instrucción que adapta el Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, además de promover la formación a los menores en competencias digitales para hacer frente a las nuevas amenazas derivadas del acceso temprano a internet.
El texto advierte de que el actual entorno digital, incluidas las redes sociales y los servicios digitales, introducen “nuevas vías para ejercer la violencia” y expone a los jóvenes a riesgos “como las adicciones a los juegos de azar y apuestas online, a la pornografía, al robo de identidad en la red y a peligrosos retos virales” que pueden suponer una amenaza para su integridad física y psíquica.
La instrucción alerta también de un “cambio notable en las actitudes de los jóvenes españoles en temas de violencia de género”, como constatan las cifras recogidas por el Instituto Nacional de Estadística, con un aumento de denuncias superior al 70 por ciento entre los adolescentes, que constituyen también el grupo en el que más ha crecido el número de víctimas por esta causa (28,6 por ciento).
En la actualización aprobada este jueves, la Secretaría de Estado de Seguridad expresa su preocupación por la tendencia al alza en las conductas que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, como el acoso online con fines de carácter sexual y para la elaboración y distribución de material pornográfico, “que acrecientan sustancialmente la situación de riesgo en las redes” de los menores.
RIESGOS ASOCIADOS A LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
El documento mantiene las acciones formativas incluidas en el plan director desde su creación, como charlas, visitas y actividades de variada tipología en centros educativos impartidas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero recoge medidas adicionales específicas para combatir los riesgos detectados en el nuevo contexto digital y los derivados del aumento de la discriminación y las violencias sexuales y de género.
En este nuevo escenario, y en el caso de la amenaza digital, los agentes fomentarán las actividades “que refuercen la cultura de la prevención, la protección y el desarrollo de competencias digitales ligadas a la ciberseguridad desde edades tempranas”, involucrando tanto a las familias como a la comunidad educativa.
Se prestará especial atención a familias del alumnado vulnerable a ser víctima de ciberacoso y se promoverá el aprendizaje de habilidades e instrumentos para garantizar un uso seguro y responsable de los dispositivos digitales. Los agentes insistirán en sus charlas educativas “en la necesidad de controlar la privacidad en las redes y los riesgos de compartir la identidad digital, mediante pautas y consejos para impedir que sus datos en la red puedan ser utilizados por terceros de mala fe”.
El plan persigue también concienciar a los menores sobre la importancia de comunicar a su entorno familiar o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier contenido o comportamiento en el entorno digital que pueda constituir una forma de violencia.
PORNOGRAFÍA INFANTIL Y VIOLENCIAS SEXUALES
La instrucción dedica una atención especial a los peligros y amenazas “relacionados con los diferentes tipos de violencia sexual y las medidas de protección específicas” recogidas en las legislaciones nacional e internacional para garantizar la protección de niños y adolescentes.
Entre otros objetivos, las actividades formativas contribuirán a la interposición de denuncias en los casos de violencia sexual contra la infancia, reforzando la colaboración policial y el intercambio de información para la persecución de estos delitos. El documento prevé impulsar la colaboración y coordinación con los centros educativos para identificar hechos delictivos y poder atender mejor y con mayor rapidez a las víctimas.
Asimismo, la instrucción establece la organización de actividades de difusión entre el alumnado “sobre la etiología, caracteres y consecuencias que atentan contra los derechos humanos del fenómeno de la trata y explotación de personas”, y el conocimiento de los protocolos existentes para combatir la trata.
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y DISCRIMINACIÓN POR SEXO
Ante el aumento detectado entre la juventud de actitudes que justifican la violencia de género y la discriminación por sexo, las actividades informativas “fomentarán valores de respeto, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos de género y ofreciendo estrategias que permitan a los alumnos prevenir o erradicar la violencia de género” de su entorno íntimo, personal y social.
El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a los adolescentes para incrementar la percepción y visibilidad del problema, de forma que puedan identificar situaciones de maltrato y dispongan de todos los recursos para el asesoramiento integral a víctimas de violencia de género.
En este ámbito se colaborará con la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, así como con organismos con competencias de igualdad de las comunidades autónomas, de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y de las direcciones insulares, para contar con expertos que complementen la labora del personal cualificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La instrucción consolida también las acciones formativas emprendidas en los planes precedentes con medidas específicas para sensibilizar a los menores en la denuncia y la lucha contra los delitos de odio y la discriminación por cualquier causa, ya sea por raza, origen, idioma, color, religión, edad, discapacidad, orientación sexual u otros factores.
FORMACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
Para alcanzar los objetivos y lograr el éxito del plan director, que cuenta con una dotación económica de 300.000 euros, Policía Nacional y Guardia Civil desarrollarán programas de formación continua y perfeccionamiento que garantizarán la cualificación necesaria a los agentes responsables de la ejecución del programa educativo.
Las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno designarán un responsable que se ocupará de coordinar la aplicación de la instrucción con las entidades autonómicas y municipales en sus respectivos ámbitos territoriales, con el fin de unificar criterios de actuación y facilitar la coordinación con las autoridades educativas y los cuerpos policiales involucrados.
