El Ministerio de Sanidad impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria, de forma que esta prestación pueda realizarse también en los centros de salud.
Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la inauguración del acto "Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso", celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro.
El departamento modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud. Además, iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, con el objetivo de permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.
Sanidad también prevé actualizar la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación dentro de la Atención Primaria.
"Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud", ha señalado García, quien ha defendido que el proceso cuente con "información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después".
La ministra ha explicado que las modificaciones se llevarán a cabo en coordinación con las comunidades autónomas y con los profesionales sanitarios, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir los desplazamientos necesarios para recibir esta atención.
"Queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, cómo pueden elegir la información, y que tengan un equipo al que recurrir durante todo este proceso", ha indicado.
García ha vinculado la medida con la intención de "ahorrar desplazamientos, sufrimiento e inseguridades" y ha defendido que las mujeres puedan contar con un equipo sanitario de referencia durante el proceso.
Durante su intervención, la ministra también ha reclamado a las comunidades autónomas que garanticen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y ha señalado que la objeción de conciencia debe organizarse de manera que no impida que las mujeres reciban atención.
"Quienes tengan responsabilidades de gobierno deben cumplir la ley", ha advertido.
