La Fundación Mutua de Propietarios ha valorado la entrada en vigor de la nueva Ley de Dependencia que contempla la accesibilidad "como un derecho" para los 2,4 millones de personas con movilidad reducida que existen en España.
La normativa que entró en vigor este 23 de octubre modifica la Ley de Propiedad Horizontal y fija el deber de las comunidades de propietarios a eliminar barreras arquitectónicas, un problema que afecta al 97% de los cerca de 9,8 millones de edificios residenciales que no tienen recorridos complementa accesibles desde la calle a la puerta de la vivienda, según datos de la Fundación Mutua de Propietarios que cifra en unos 292.000 (el 3%) los que son plenamente accesibles.
Para la entidad, la nueva ley —publicada por el BOE el pasado 3 de octubre— introduce un "cambio histórico" al reconocer "la accesibilidad no solo como un principio o guía de buenas prácticas, sino como un derecho fundamental que pude reclamarse legalmente".
"El reconocimiento por ley de la importancia de la accesibilidad para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y movilidad reducida supone todo un hito para la inclusión de este colectivo y, a la vez, pone de manifiesto el importante reto que la sociedad tiene por delante a la hora de adecuar el parque inmobiliario", señala la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Cristina Pallàs.
Según la Fundación, la nueva normativa incorpora modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal dirigidas a reforzar el deber de las comunidades de propietarios de acometer las obras necesarias para garantizar las condiciones de accesibilidad universal y facilitar su ejecución. Sin embargo, el I Barómetro de la Accesibilidad realizado por la Fundación Mutua de Propietarios a principios de año, ponía de manifiesto que el 61% de las comunidades no tenía previsto realizar obras de accesibilidad en el próximo año.
Una situación que, de acuerdo con el informe 'Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio' de la Fundación Mutua de Propietarios, provoca que más de 100.000 españoles no puedan salir nunca de su hogar y que 1,8 millones precisen de ayuda de terceros para lograrlo.
