La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), junto a otras 20 sociedades autonómicas y monográficas de Psiquiatría, manifiestan su rechazo a la entrada en vigor el 23 de octubre del artículo 13 bis de la Ley 4/2026, que modifica de forma sustancial los criterios del ingreso psiquiátrico involuntario y lo limita a los casos de «urgencia vital».
Así, piden que, antes de que entre en vigor, se aclare «con urgencia» cómo se aplicará la norma, que consideran que deja sin cobertura clara cuadros graves que hoy requieren ingreso bajo autorización judicial: psicosis con abandono de autocuidados, trastornos bipolares en episodios graves de manía, trastornos de la conducta alimentaria graves o ideación suicida de alto riesgo sin plan inmediato.
Afirman que comparten los objetivos de la norma: reforzar el consentimiento informado, respetar las voluntades anticipadas, individualizar cada decisión y reducir la coerción. Sin embargo, consideran que el umbral fijado por la ley y la forma en que se ha aprobado ponen en riesgo la atención a las personas con trastorno mental grave.
La SEPSM y las sociedades firmantes de Psiquiatría solicitan instrucciones claras de la Fiscalía General del Estado y coordinación con los juzgados de internamiento antes del 23 de octubre, para garantizar un criterio homogéneo en todo el territorio, así como una reforma orgánica del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que recoja un criterio clínico y garantista: riesgo grave para la vida o la integridad, necesidad de tratamiento y falta de capacidad para decidir, siempre con control judicial.
Asimismo, reclaman coherencia normativa entre la Ley 4/2026 y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, con una única definición de urgencia vital. Según observan, la ley contiene a la vez dos definiciones de urgencia vital que no coinciden, choca con la Ley de Autonomía del Paciente y se aplica antes de la reforma orgánica del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por otra parte, piden una financiación finalista de recursos comunitarios, como equipos de tratamiento asertivo, hospitalización a domicilio, centros de crisis y apoyo a las familias, antes, y no después, de restringir los ingresos. También reclaman un acondicionamiento de las urgencias de Psiquiatría según las recomendaciones internacionales.
