La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha visitado el centro especial de empleo con el que cuenta Asprosub, integrada en la Fundación Personas, en la localidad zamorana de Morales del Vino. Allí ha destacado la labor de esta entidad como referente en la atención a las personas con discapacidad en Zamora, desde su nacimiento hace más de 50 años, a través de un trabajo profesional que intenta siempre ofrecer los máximos parámetros de calidad en la atención. En este trabajo, está acompañada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que apoya esta labor de Fundación Personas con más de 16 millones de euros al año, lo que permite mantener 1.650 plazas concertadas en sus centros, ofrecer servicios de atención y de apoyo y desarrollar itinerarios de formación y empleo que permitieron el pasado año la contratación de 56 personas. El centro Asprosub en Morales del Vino da trabajo en la actualidad a 30 personas con discapacidad.
Alicia García ha puesto de manifiesto la importancia de seguir dando pasos cada día entre todos por el empleo para las personas con discapacidad y ha destacado el trabajo de la Junta por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con una importante actividad de formación para el empleo de estas personas y fomento de la contratación, incluida en el I Plan de Inserción Socio-laboral 2016-2020 para las personas más vulnerables.
Según la consejera, estas actuaciones están contribuyendo a un avance en la contratación de personas con discapacidad en Castilla y León. Los datos indican que, entre los meses de enero y octubre de 2017, se celebraron en la Comunidad 15.300 contratos para personas con discapacidad, lo que supone un 16,2 % más que en el mismo periodo de 2016 y 2.141 contratos más. Junto a esto, es destacable también que la tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2016 fue del 36,7 %, con un aumento de 2,6 puntos respecto al año anterior, el doble que el crecimiento medio nacional y sitúa a Castilla y León por delante de la media nacional que está en el 35,2 %, según los datos del INE.
Impulso al empleo para las personas con discapacidad
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará, en 2018, 140,1 millones de euros para la atención a las personas con discapacidad en sus distintas vertientes, lo que supone incrementar este presupuesto en 4,1 millones de euros respecto a este año. Las principales actuaciones de la Junta que están contribuyendo al avance en la contratación de personas con discapacidad son los itinerarios personalizados de empleo, la reserva de contratación y cláusulas sociales, el apoyo a los centros especiales de empleo y el apoyo en el acceso al empleo público.
Respecto a los itinerarios personalizados de empleo, en estos dos años de legislatura, casi 6.200 personas con discapacidad han participado en ellos, lo que ha hecho posibles casi 3.000 contratos y que más de 1.400 personas realizaran prácticas laborales. En 2018, la Consejería destinará 4,53 millones de euros para reforzar estos itinerarios de apoyo al empleo para las personas con discapacidad.
Junto a esto está la reserva de contratación a centros especiales de empleo y empresas de inserción, que ha permitido en 2016 adjudicar contratos por 6,4 millones de euros, y la incorporación de cláusulas sociales, prácticamente generalizada en la Administración de Castilla y León y presente en el 80 % del volumen licitado en 2016, lo que significó que se incorporaron cláusulas sociales en los pliegos de 1.893 contratos de la Junta, cuyo importe ascendió a 451,1 millones de euros.
En tercer lugar, está el apoyo a los centros especiales de empleo. Castilla y León cuenta con 208 centros de estas características que el año pasado hicieron posible la contratación de 6.196 personas, 4.883 de ellas personas con discapacidad y 1.313 sin discapacidad.
Además, se cuenta con un impulso en el acceso al empleo público, con la reserva de un 10 % de plazas para personas con discapacidad y con novedades como la puesta en marcha en 2017 de una convocatoria independiente y específica de plazas de empleo público para personas con discapacidad intelectual.
