Las asociaciones Ecologistas Zamora y ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) han exigido a la Junta de Castilla y León que asuma su responsabilidad tras la reciente aparición de un lobo muerto por disparos en la provincia de Zamora.
Según denunciaron ambos colectivos, el ejemplar, un macho adulto, fue hallado muerto en el río Esla, en la zona de Puente Quintos, con dos orificios de bala en el costado derecho. Los hechos ya han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial de Zamora por un presunto delito contra la fauna.
Las organizaciones ecologistas consideran que este episodio vuelve a poner de manifiesto una realidad “enquistada” como es el furtivismo y apuntan directamente a la falta de vigilancia en los recechos de corzo y en los controles cinegéticos del jabalí en los cotos privados de Castilla y León.
En este sentido, critican el sistema establecido para el control de la caza y aseguran que la normativa de emergencia cinegética por peste porcina, junto a medidas recientes como la Orden MAV/1434/2025, favorecen un escenario de permisividad. Dicha normativa autoriza la caza nocturna del jabalí prácticamente durante todo el año mediante el uso de fuentes luminosas y dispositivos térmicos.
Ecologistas Zamora y ASCEL sostienen que “cientos de cotos” de la comunidad permiten la presencia de cazadores “sin apenas vigilancia”, tanto de día como de noche, portando rifles, visores térmicos y reclamos, una situación que consideran un caldo de cultivo perfecto para el furtivismo de lobos y otras especies protegidas.
Además, critican la nueva normativa sobre el control de capturas de corzo publicada el pasado 27 de marzo, al considerar que podría facilitar la legalización de ejemplares abatidos ilegalmente y dificultar la labor de fiscalización por parte de agentes del SEPRONA y agentes medioambientales.
Las organizaciones recuerdan también que la caza ilegal está contribuyendo al estancamiento poblacional del lobo en Castilla y León, provocando la desaparición de grupos reproductores y dificultando la expansión de nuevos grupos en determinadas zonas.
En apoyo de esta denuncia, citan un estudio de mortalidad realizado en Valladolid y áreas limítrofes de Zamora, León y Palencia, según el cual entre 1972 y 2011 murieron 1.023 lobos, de los cuales el 73 por ciento —746 ejemplares— habrían sido abatidos de forma ilegal.
Asimismo, alertan de que el furtivismo y los atropellos continúan afectando gravemente a la especie en la Comunidad, en un contexto en el que el lobo ibérico mantiene una población aislada del resto de Europa y con una pérdida progresiva de diversidad genética debido a décadas de persecución humana.
Por ello, ambas asociaciones consideran que garantizar poblaciones viables de lobo debería ser “un objetivo irrenunciable” para las administraciones públicas. Sin embargo, sostienen que la Junta de Castilla y León no está contribuyendo a la recuperación de la especie y denuncian una supuesta falta de actuación frente al furtivismo.
Finalmente, Ecologistas Zamora y ASCEL advierten de que la escasez de instructores para tramitar denuncias administrativas en materia medioambiental en varias provincias podría ir más allá de una “dejación de funciones” y derivar, según afirman, en un posible caso de “prevaricación por omisión” por parte de responsables de la Administración autonómica.
