El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto, han presentado un recurso de reforma y apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Zamora para citarles como investigados en la causa que analiza un presunto fraude en subvenciones vinculadas al Club Deportivo Ultra Sanabria.
En el escrito, ambas defensas solicitan dejar sin efecto la providencia dictada el pasado 15 de mayo al considerar que carece de "motivación suficiente" y no concretas los hechos atribuidos.
Sostienen que la resolución judicial "no expresa hechos concretos, indicios individualizados título de participación, periodo temporal ni acto administrativo singularizado" que justifique su citación como investigados. Además, critican que la decisión se adoptase a través de una providencia y no de un auto motivado, al entender que afecta directamente a sus derechos fundamentales y de defensa.
La defensa de Faúndez y Del Canto argumenta que el núcleo de la subvención investigada correspondiente al año 2023 fue tramitado y aprobado antes de la llegada del actual equipo de gobierno a la Diputación. En el recurso recuerdan que la concesión y el pago anticipado de la ayuda a Ultra Sanabria fueron aprobados en mayo de 2023, un mes antes de que Faúndez tomara posesión.
Respecto a las actuaciones desarrolladas ya bajo el actual mandato, defienden que todos los expedientes relacionados con las ayudas de 2024 contaron con informes favorables de Secretaría e Intervención y fueron aprobados por órganos colegiados. Por ello, el escrito sostiene que no existe "base objetiva mínima" para atribuir a los dos cargos provinciales delitos como fraude de subvenciones, prevaricación o malversación.
Además de solicitar que se anule la citación como investigados, Faúndez y Del Canto piden que, antes de cualquier declaración, se tome testimonio al secretario general y a la interventora de la Diputación, quienes "emitieron los informes técnicos y de control", así como que se incorporen íntegramente los expedientes administrativos relacionados con las subvenciones de 2023 y 2024.
Por último, la defensa solicita la suspensión de las declaraciones previstas para el próximo mes de septiembre al considerar que mantener durante meses esa condición de investigados sin imputación concreta los expone a un "perjuicio mediático, social, familiar e institucional de difícil reparación".
