La Unión del Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos de Zamora, AGRYGALZA (Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora) y Terra SOS-tenible, recurrirán el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Zamora, que ha rechazado admitir a trámite su denuncia contra altos cargos de RENFE, ADIF, el Ministerio de Transportes y el alcalde de Vigo.
Las diferentes entidades admiten que “sorprende comprobar que, a pesar de que los hechos denunciados afectan al territorio rural de Zamora y que no sólo atentan contra los servicios fundamentales de la comarca de Sanabria, sino que se han llevado a cabo mediante resoluciones ilegales, el Juzgado siga sin entrar en el fondo de la cuestión”.
Esta vez “el auto de sobreseimiento se escuda en razones de competencia territorial, al entender que la denuncia debe presentarse en el lugar donde se dictó la resolución presuntamente ilegal: Madrid”. El auto señala que, al no constar que los hechos hayan ocurrido en Zamora ni que los denunciados tengan sede o residencia en dicha provincia, corresponde a los juzgados madrileños asumir el caso. “Resolución que presuntamente no se ha realizado ni publicado”, aseguran.
Los denunciantes presentarán en las próximas horas, su denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid y ante la Audiencia Nacional, órganos judiciales que, por razón de territorio y de la relevancia institucional de los implicados, podrían ser competentes para conocer del asunto. La denuncia se refiere a la supresión, desde el 9 de junio de 2025, de varias paradas del AVE Madrid-Galicia en la estación de Otero de Sanabria, medida adoptada sin declaración de interés público ni procedimiento administrativo conocido, afectando gravemente a los vecinos de la comarca de Sanabria, especialmente a quienes dependen del tren para acceder a servicios básicos.
Las entidades denunciantes consideran que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal) y abandono ilegal de un servicio público esencial (art. 409 CP), ya que la eliminación de paradas afecta a una línea ferroviaria declarada como Obligación de Servicio Público (OSP), cuya modificación exige un procedimiento formal, motivación legal y justificación técnica, todo lo cual ha sido omitido.
Además, denuncian que la supresión pudo responder a intereses políticos o territoriales ajenos al interés general, y recuerdan que el Estado ya compensa económicamente los servicios ferroviarios deficitarios, por lo que el cierre no puede justificarse por razones presupuestarias.
Con la presentación de la denuncia en Madrid, UPL, Viriatos de Zamora, AGRYGALZA y Terra SOS-tenible reafirman su compromiso con la defensa del medio rural, el derecho a la movilidad y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en todo el territorio nacional.
