Ecologistas en Acción Zamora ha denunciado públicamente el abandono de un importante volumen de trozos de uralita en un contenedor de basura de San Pedro de las Herrerías. Los hechos, que “pueden implicar un delito para el medio ambiente y la salud”, ya se han puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA para que se investiguen y se busquen responsabilidades.
Desde Ecologistas en Acción de Zamora, y de acuerdo a la información recopilada, no descartan que este suceso pueda estar relacionado con las malas prácticas de alguna de las empresas de construcción que operan en la zona de Aliste.
Desde Ecologistas en Acción de Zamora vuelven a insistir en que el amianto, utilizado durante décadas en tuberías de fibrocemento o en planchas onduladas en techos (el conocido tejado de uralita), puede generar problemas para la salud humana y de contaminación del entorno. La “uralita” deteriorada, rota, triturada y esparcida por el suelo, como es el caso que denuncian, puede liberar fibrillas, que pueden ser inhaladas y generar -tras un proceso de exposición-, numerosas dolencias y enfermedades, como el cáncer de pulmón o fibrosis pulmonar. Con la lluvia, en ambientes húmedos como el suelo y tras los arrastres de lavado, pueden aumentan los riesgos de contaminación de las capas freáticas y de los acuíferos.
Además, recuerdan que el uso de materiales que contengan amianto está prohibido en España desde 2001 por una orden ministerial. A su vez, la retirada de estos materiales en los lugares donde esté instalado está regulada según el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo y por la Directiva 2009/148/CE; el manejo o sustitución de este material debe encargarse a una empresa especializada y tratarse como residuos peligrosos que deben gestionarse correctamente. Deshacerse de estos materiales en un contenedor de basura o en la naturaleza, está prohibido y además, puede acarrear importantes infracciones.
Desde Ecologistas en Acción Zamora aprovechan la ocasión y solicitan públicamente a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos la elaboración de un inventario del amianto y también un “plan de desamiantado” en lugares públicos.
