Zamora Viva, plataforma para la defensa del territorio, ha denunciado ante la Comisión Europea la tramitación de macro industrias eólicas y fotovoltaicas cuyas infraestructuras y obras están afectando directamente a hábitats protegidos de la red Natura2000 en la provincia de Zamora, y pide su inmediata paralización.
Para esta plataforma, las administraciones públicas españolas, tanto a nivel estatal como autonómico, y que tramitan los proyectos, no garantizan la preservación del medio natural en un estado de conservación favorable, lo cual incumple claramente la Directiva europea.
Cabe recordar que existe la obligación de realizar una adecuada evaluación de los efectos generados por la avalancha de proyectos industriales sobre los hábitats tanto en Natura2000 como en las zonas adyacentes. La Directiva 92/43/CEE incluye el principio de cautela, con un estricto criterio que obliga a autorizar estos proyectos solo si existe certeza científica de no afección, algo que para la plataforma, obviamente, no se está cumpliendo en la provincia de Zamora.
El listado de zonas de especial protección que se verán afectadas por estar situadas en un radio de proximidad de las industrias eólicas y solares son casi todas las presentes en la provincia: Los ZEPA Cañones del Duero, Arribes del Duero y Las lagunas de Villafáfila, y los LIC Riberas del Duero y afluentes, Riberas del río Aliste y afluentes, Riberas del río Órbigo y afluentes, Sierra Cabrera, Riberas del Tera y afluentes, Lagunas de Tera y Vidriales, Riberas del Tuela y afluentes, Tejedelo, Lago de Sanabria y Sierra de la Culebra.
Por poner algunos ejemplos, la plataforma señala que las plantas solares aprobadas en el municipio de Tábara se sitúan en una zona de tránsito entre las estribaciones de la Sierra de la Culebra y Lagunas de Villafáfila, las plantas solares y eólicas con las que pretenden ocupar gran parte de la Carballeda afectarán a Sierra Cabrera y Riberas del Tera y afluentes, y los eólicos proyectados en la Segundera afectarán a Riberas del Tuela y afluentes, Tejedelo y Lago de Sanabria.
Para Zamora Viva las normas europeas que se incumplen son tan numerosas que va a ser difícil ocultar semejante tropelía, y este incumplimiento sistemático puede ser considerado un ataque en toda regla a la integridad del territorio de la provincia desde el punto de vista de la biodiversidad.
En concreto se vulnera la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, la Directiva 2014/52/UE y 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo, en 1991, el Convenio europeo del Paisaje elaborado por el Consejo de Europa que España ratificó en 2007, entrando en vigor en 2008, y el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
No solo no está garantizada la integridad de los espacios protegidos sino que existe una dejación de funciones por parte de las administraciones, pues no se están realizando estudios estratégicos, ni tampoco cualquier otro tipo de estudio que valore la conexión de la red de hábitats, por lo que no se garantiza la conectividad ecológica de los ecosistemas ni la coherencia de la Red Natura2000. Así mismo, no existe un estudio de sinergias de carácter acumulativo en el caso de que este tipo de industrias proliferen sin control.
Zamora Viva solicita a la Comisión Europea que inste al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, y a la Junta de Castilla y León, a la paralización inmediata de estos proyectos industriales que afectan a los hábitats Natura2000 por no haberse realizado la correspondiente evaluación ambiental estratégica ni tampoco ningún informe del impacto sobre la Red Natura y los hábitats objeto de conservación, con el agravante de que los proyectos se presentan fragmentados, en un intento fraudulento de evitar la evaluación de impacto ambiental en centrales de más de 50 Mw y la consideración del daño acumulado en un mismo territorio.
