Un total de 47 familias procedentes de otras comunidades autónomas han cambiado su residencia y se han empadronado en municipios de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, gracias a las ayudas económicas ofrecidas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Estas ayudas contemplan cuantías de 2.000 euros para familias con hijos y de 1.000 euros para el resto, en el marco de una convocatoria abierta desde abril de 2025 que ya acumula 57 solicitudes y cuenta con un presupuesto inicial de un millón de euros.
La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Álvarez, facilitó estos datos durante una comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, respondiendo a una pregunta del procurador del PP, Antonio Jaime Mendoza.
León, Burgos y Segovia lideran las nuevas residencias, con un 29,79 %, 25 % y 21 % de los empadronamientos respectivamente. Por el contrario, Zamora no ha registrado ningún traslado de familias en este programa, mientras que Valladolid y Soria solo alcanzan un 2,13 % de las solicitudes, Palencia un 8,51 %, Salamanca un 10,64 % y Ávila un 17 %.
Estas 47 familias se han establecido en 35 municipios repartidos en ocho de las nueve provincias de la Comunidad, y proceden mayoritariamente de Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia, Extremadura, País Vasco, Navarra y Aragón.
La convocatoria actual, con un presupuesto inicial de un millón de euros que podría incrementarse hasta cuatro millones según la demanda, ya registra un crecimiento considerable en las solicitudes, con un 32 % de las presentadas el año pasado, y permanecerá abierta hasta febrero de 2026.
Además, la Junta ha ampliado los requisitos para poder optar a estas ayudas, incluyendo ahora un concepto más amplio de unidad familiar (uniones de hecho, familias monoparentales y víctimas de violencia de género, aunque no tengan la patria potestad de los hijos). Entre las condiciones se exige que al menos un miembro de la familia esté dado de alta en la Seguridad Social, los menores estén escolarizados en centros de Castilla y León y todos los beneficiarios cuenten con la tarjeta sanitaria Sacyl. También se ha ampliado a dos meses el plazo para solicitar la ayuda tras el empadronamiento, que debe mantenerse al menos dos años.
La ausencia de Zamora en esta migración hacia el medio rural pone de manifiesto los retos que enfrenta la provincia para atraer población y revertir la despoblación, un desafío que las administraciones deberán abordar con urgencia.
