La Vicesecretaria General del PSOE de Zamora, Inmaculada García Rioja, la Secretaria de Memoria Histórica del PSOE de Zamora, Marian López, y la representante socialista en los foros para la Recuperación de la Memoria Histórica, Mª Cruz Hernández, han mostrado su alegría por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora del pasado viernes 28 de mayo del Decreto de Presidencia por el que se inicia la tramitación del expediente para la aplicación de la ley de memoria Histórica y para proceder a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar de los cargos y empleados públicos de la Diputación Provincial que fueron condenados o sancionados por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra civil y la dictadura revocando al efecto los acuerdos del pleno de la corporación provincial de 29 de julio, 29 de agosto y 31 de octubre de 1936, e instar del ministerio de Justicia la correspondiente declaración de reparación y reconocimiento personal a los mismos”.
En mismo BOP de fecha 28 de mayo también se publica el inicio de la tramitación del expediente para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en relación con la concesión por parte de la Diputación Provincial de Zamora de la medalla de Honor de la provincia a Carlos Pinilla Turiño, es decir, al revocación del acuerdo y en consecuencia la retirada de la medalla y de honores y distinciones.
Las dirigentes del PSOE de Zamora han recordado que han pasado más de tres años desde la adopción del acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Zamora celebrado el 2 de Febrero de 2018 para el “homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura franquista, y especialmente desde esta institución a los cargos y empleados públicos de la Diputación de Zamora que sufrieron represalias por la defensa de las instituciones legítimas, legales y democráticas de la II República”.
El PSOE de Zamora señala que la propuesta del Foro para la Memoria Histórica de Zamora se adoptó el acuerdo por unanimidad del Pleno de la Diputación de fecha 28 de Febrero de 2021 con el fin de “iniciar el expediente administrativo correspondiente para dar cumplimiento a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de manera que la Institución Provincial, previa comprobación en su archivo de la existencia de funcionarios y políticos represaliados procediera a revocar los acuerdos del Pleno de la Diputación Provincial de 29 de julio, 29 de agosto y 31 de octubre de 1936 por haber sido adoptados de forma ilegítima y prescindiendo de cualquier procedimiento legalmente establecido”.
Antecedentes de la Moción a propuesta del Foro para la Memoria Histórica
Añaden Inmaculada García Rioja, Marian López y Mª Cruz Hernández el acuerdo de 2 de Febrero de 2018 también señalaba literalmente, tal y como consta en el acta del Pleno que “en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, apartado 3, de la mencionada Ley 52/2007, instar a que por el Ministerio de Justicia sean expedidas, a favor de todos los diputados provinciales y empleados de la Diputación destituidos tras el golpe de estado de julio de 1936, las declaraciones de reparación y reconocimiento personal previstas en dicha Ley”.
El PSOE de Zamora subraya que entre los antecedentes históricos de la Moción, aprobada unánimemente por los Grupos de PP, PSOE, IU y Ciudadanos se relata que “la gestora de la Diputación Provincial de Zamora –cuyos miembros se relacionan en el anexo II- fue destituida inmediatamente por las autoridades golpistas, que lo sustituyeron por una Comisión Gestora que representaba a las fuerzas promotoras del golpe de Estado.
Varios de los gestores cesantes, y de quienes habían desempeñado estas funciones entre los meses de febrero y abril, fueron detenidos en los días siguientes al golpe de estado, y entre el 4 de agosto y el 18 de septiembre fueron asesinados seis de ellos, mientras otros eran condenados a penas de prisión. La mayoría de los asesinados y todos los supervivientes fueron sometidos a procedimientos de incautación de bienes que en algunos casos arruinaron a sus familias.
“En el Pleno de la Comisión Gestora de 29 de julio de 1936, el presidente Agustín Martín presentó una moción "con respecto al personal que la Comisión precedente, desde que tomó posesión, nombró con carácter interino y gratificaciones concedidas", y con el acuerdo de todos los vocales, se declara separados del servicio a doce empleados interinos (Actas de la Comisión Gestora, vol. 191, acta de la sesión de 29-07-1936, Archivo de la Diputación Provincial)”.
“El 29 de agosto del mismo año, el pleno queda "enterado" de la comunicación de defunción de tres de sus empleados y de la detención de otros tres que no tardarán en correr la misma suerte, y acuerda por unanimidad proponer al Gobernador Civil el cese inmediato de otros catorce empleados "contrarios al movimiento militar y popular salvador de la Patria, y por consiguiente peligrosos para la seguridad de la misma" (Acta de la sesión de 29-08-1936).
El 31 de octubre de 1936, tras recibir la propuesta de resolución formulada por el diputado Venancio Hernández Claumarchirant, instructor del expediente instruido a los peones camineros, el Pleno acuerda el cese de once empleados (un capataz y diez peones camineros) e imponer la sanción de suspensión de empleo y sueldo por tres meses a otros cuatro peones camineros (acta de la sesión de 31- 10-1936).
En total, sólo durante el año 1936, a través de actas de la Diputación y del BOP, son 48 los empleados de la Diputación represaliados mediante destitución, separación del servicio o suspensión de empleo y sueldo, de los cuales doce fueron fusilados antes de acabar el año, al igual que seis cargos públicos. Sus nombres se incluyen en los ANEXOS I y II que forman parte integrante de esta Moción.
La prolija relación de fundamentos de derecho de la Moción se inicia señalando que “el único delito que cometieron estos vecinos de la provincia fue el de tener pensamientos, creencias o ideas distintas a la de la nueva corporación provincial. Sus vidas se vieron violentamente truncadas y muchos fueron represaliados en cárceles o asesinados impunemente”.
El PSOE de Zamora adjunta el Acta de la sesión Plenaria de la Diputación Provincial de Zamora de 2 de Febrero de 2018 donde se recoge íntegramente el texto de la Moción aprobada por unanimidad, con los anexos de las personas, cargos y empleados públicos de la institución, represaliados por el franquismo sobre los que se pide la ejecución del acuerdo.
El Grupo de Diputados Socialistas ha promovido diversas iniciativas en el Pleno de la Diputación, adjuntado el acta de la sesión de 2 de Febrero de 2018, instando la ejecución inmediata del acuerdo con todos sus efectos.
