El primer Pleno del año en la Diputación ha traído a colación viejos debates de meses anteriores. Principalmente, el que tiene que ver con las llamadas competencias impropias, aquellas que asume la institución provincial a pesar de que, con la ley en la mano, debería ser otra administración la encargada de costearlas y gestionarlas.
En este punto se ha centrado el debate sobre la pertinencia de que sea la Diputación quien pague la asistencia a los enfermos mentales de la provincia en los centros preparados para ello en León y en Palencia. Todos los grupos han coincidido en que, de momento, debe hacerlo mientras la Junta, que es la administración competente, lo delegue, aunque hay discrepancias sobre cómo afrontar el futuro.
En ese sentido, Laura Rivera ha señalado que es preciso buscar "una solución definitiva con la Junta" y ha asegurado que el gasto anual para la Diputación es de 1,3 millones de euros, una cifra que ha rechazado Aurelio Tomás, que ha recordado que existen subvenciones por parte de la Junta y que ha criticado "la demagogia" que,a su juicio, se hace con este asunto.
El portavoz popular ha hablado de cofinanciación, aunque sí ha reconocido que debe ser quien tiene la competencia la que asuma los gastos. Además, ha criticado la "incongruencia" de la oposición, que "tanto critica la Ley Montoro", pero que se basa en su reparto de competencias para criticar al equipo de gobierno de la Diputación.
