Un ataque de lobo cada tres horas. Ese es el escenario al que se enfrenan los ganaderos de Castilla y León. La actividad del cánido y toda la problemática que lo rodea no cesan. Productores y sector ambientalista ven con distintos ojos la evolución de un animal que, objetivamente, mantiene a raya a sectores como el ovino y el vacuno. Y lejos de acallarse, la polémica se acrecienta. Durante 2021, último ejercicio con datos cerrados por parte de la Junta, a los que tuvo acceso Ical, la autonomía computó 7,5 ataques diarios, tres a la hora, hasta las 2.714 agresiones. El principal foco de esta situación se encuentra en Ávila, donde la acción es más intensa, con 1.345 casos, la mitad de todos los registrados en la Comunidad.
Mientras las administraciones y los tribunales están a vueltas con la Ley de Caza autonómica y se dirimen, por otro lado, figuras de protección para el lobo, como fue justo hace un año su inclusión en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (LESPRE), que modifica su condición para dejar de ser cinegético, el animal prosigue su acción natural: matar para comer. Las organizaciones agrarias denuncian un “descontrol” de la especie, mientras un estudio del CSIC-Museo de Ciencias Naturales determina que la población, principalmente en Ávila y Segovia, es “desfavorable, con dinámicas recurrentes de asentamiento de extinción en el tiempo”.
El pasado año significó la cifra más alta de ataques de la última década. De hecho, en años como 2015 se anotaron algo menos de 1.500 casos, lo que supone cuatro al día, casi la mitad que en el último ejercicio. La cifra creció progresivamente año a año hasta situarse en 5,2 agresiones en 2016 y 2017 y escalar hasta por encima de las siete en los años siguientes.
La peor parte se la lleva la ganadería de Ávila, donde se computaron 3,6 ataques al día de los 7,5 de Castilla y León. La provincia ha visto cómo desde 2015 el número de casos denunciados por los ganaderos se ha multiplicado por tres. Le sigue Segovia, con 555 agresiones, uno de cada cinco del global autonómico. Precisamente son las dos más afectadas, dato que colisiona con los estudios que hablan de que es en estas zonas donde su censo disminuye.
A día de hoy, el último censo, según recuerda la Junta, data del periodo 2012-2013, que arroja un total de 179 manadas detectadas (152 al norte del río Duero y 27 al sur), una treintena más que el estudio anterior, de 2001. El 71 por ciento de ellas están en las tres provincias del norte, mientras que solo diez residen en Segovia y seis en Ávila, a pesar de encabezar ambas el número de ataques. En la actualidad se encuentra en fase de realización el nuevo, 2022-2023.
Más allá de Ávila y Segovia, que concentraron el pasado año siete de cada diez ataques, los lobos actuaron en 296 ocasiones en Zamora; en otras 210 en León; 139 agresiones se contabilizaron en Salamanca; y 117 en Palencia. Cierran 34 en Burgos, 16 en Soria y solo dos en Valladolid.
Solicitudes e importe abonado
En 2021 la Junta atendió siete de cada diez solicitudes de ayuda o pago compensatorio de las que se habían presentado. Es decir, 1.875 de las 2.635 que se registraron, lo que permitió a la Junta desembolsar 1,12 millones de euros en favor de los ganaderos, cifra inferior a la de los tres años precedentes, 2018, 2019 y 2020, a pesar de que en sendos ejercicios se produjeron menos ataques.
Ávila encabeza de nuevo este dato, pues los afectados refrendaron tantas peticiones como ataques habían sufrido, 1.345. Sin embargo, se abonaron algo más de un millar de ellas, que se tradujeron en 553.000 euros. Las 534 denuncias atendidas por los ganaderos segovianos (solo 20 menos de las presentadas) permitieron cobrar 350.000 euros.
A continuación se situaron 168 solicitudes abonadas en Zamora (de un total de 280 presentadas), que ascendieron a 97.000 euros; seguidas de las 121 de Salamanca (quedaron 17 sin atender), con un montante total de 105.000 euros. Una veintena de peticiones se pagaron en Palencia (medio centenar se quedaron en los cajones), con 2.320 euros.
Con escasas peticiones atendidas se encuentran León y Soria, con diez en cada caso, y 9.575 y 7.365 euros, respectivamente. Llama la atención el caso de la provincia leonesa, donde se presentaron 202 solicitudes y solo se atendió una decena, es decir, el cinco por ciento. Cierran Burgos, con cuatro peticiones atendidas y 1.103 euros; y Valladolid, con dos y 312 euros.
Por último, de un cupo de más de 700 autorizaciones en la Comunidad en los últimos siete años se capturaron 375, algo menos de la mitad. A excepción de la temporada 2018-2019, cuando no se ejecutó ningún cupo por sentencia judicial, al año siguiente se extrajeron 61 lobos y en el 2020-2021, un total de 59.
