La Diputación de Zamora ha activado la declaración de emergencia para derribar el puente de la ZA-P-2102, en el entorno de Granja Florencia y la N-122, con un coste de 1,1 millones de euros, pero la reconstrucción de la infraestructura no comenzará hasta 2026 y se prolongará, previsiblemente, hasta 2027. La respuesta institucional ha sido inmediata en lo administrativo, pero mucho más lenta en lo estructural.
El derribo se tramita como emergencia, mientras la solución definitiva se aplaza varios años, dejando en el aire la funcionalidad de un eje que conecta el entorno rural del Duero con la red estatal.
El puente, ya colapsado parcialmente tras el fallo de un pilar central, tiene entre 70 y 80 años de antigüedad y presentaba limitaciones evidentes para el tráfico actual, especialmente pesado y agrícola. Entre el derribo y el inicio real de la reconstrucción se abre un periodo de varios años sin alternativa directa, lo que obliga a desvíos más largos para vehículos que dependen de esta conexión en su actividad diaria.
El proyecto del nuevo puente llega además con una definición técnica muy avanzada antes incluso de la licitación. La Diputación ha fijado ya que la infraestructura será de hormigón, sin pilas en el cauce del Duero y con un vano único de entre 60 y 62 metros.
Este nivel de concreción previo reduce el margen real del concurso público, ya que condiciona de forma notable las soluciones que puedan plantear las empresas que opten a la obra. La actuación se desarrollará bajo un modelo de licitación conjunta de proyecto y obra, con la intención de acelerar plazos, aunque el calendario sigue siendo amplio: adjudicación antes de final de año, obras en 2026 y finalización en 2027.
El coste total ronda los 7 millones de euros, pero la financiación no está cerrada.
La Diputación prevé recurrir a ayudas estatales que podrían cubrir hasta el 50% de la inversión, además de posibles aportaciones de la Junta de Castilla y León aún sin confirmar. La obra se plantea como estratégica para la provincia, pero depende en parte de fondos externos todavía en tramitación, lo que añade incertidumbre a un calendario ya prolongado.
El resultado es una intervención que combina urgencia en la demolición con una reconstrucción a largo plazo, en la que el territorio afectado permanecerá durante años sin una conexión directa estable. Un puente que se cae en cuestión de horas, pero cuya sustitución se mide en ejercicios presupuestarios y plazos administrativos.
