La Federación Zamora En Pie ha hecho pública una carta dirigida al presidente de la Junta de Castilla y León en la que solicita la paralización inmediata de la tramitación de macroplantas de biogás y biometano, así como de las macrogranjas proyectadas en la comunidad. La organización alerta de los graves riesgos medioambientales, sanitarios y sociales que, a su juicio, conlleva esta industria.
El colectivo, creado este mismo año en la provincia de Zamora, asegura haber analizado en profundidad los proyectos en tramitación y las consecuencias observadas en otros países, así como los informes de científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A partir de ese estudio, advierte que este tipo de plantas “representa un riesgo real de acabar con los territorios en los que se instalan, destruyendo su forma de vida para siempre”.
En la carta, Zamora En Pie subraya que los olores, el vertido de digestato y la emisión de gases tóxicos podrían hacer “insufrible el día a día” de las zonas afectadas y poner “seriamente en riesgo la salud” de sus habitantes, además de contaminar acuíferos y suelos.
La federación cuestiona también el argumento de que estas instalaciones ayudarían a gestionar los purines, señalando que los nitratos “no desaparecen dentro de las plantas de biogás”, sino que salen acompañados de otras sustancias más tóxicas. Asimismo, reprocha a la Junta que continúe autorizando macrogranjas mientras justifica las plantas de biogás como solución ambiental.
En la misiva, el colectivo reclama al Ejecutivo autonómico que “detenga por ley esa industria mortal” y que “proteja a la población de un daño del que nunca podríamos recuperarnos”. Consideran que el modelo planteado solo beneficia a grandes empresas que “se nutrirán de enormes subvenciones públicas y de los créditos de carbono por una supuesta energía verde que no es tal”.
Zamora En Pie recuerda además que Castilla y León es ya la comunidad que más energía limpia produce en España y que “no tiene obligación moral de sacrificar su territorio en aras de una pretendida solidaridad que nos destruiría sin remedio”.
La carta concluye apelando al presidente autonómico para que “se ponga del lado de los vecinos y vecinas de la comunidad” y actúe con valentía para paralizar los proyectos antes de que sea demasiado tarde.
