La Diputación ha sido obligada ainiciar de nuevo la licitación del contrato de Seguridad y Vigilancia desus Centros, con el fin de adaptarse a la “Resolución 90/2019, de 21de junio, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla yLeón, por la que se estima el recurso especial en materia de contratacióninterpuesto por la Federación Empresarial Española de Seguridad contra los pliegosque rigen la licitación del contrato del servicio de seguridad y vigilancia enlos centros dependientes de la Diputación Provincial de Zamora, PalacioProvincial, edificio Arcadas, Palacio Antiguo, recinto del Colegio NuestraSeñora del Tránsito, recinto Vivero de Empresas y el CRIE y servicio de celaduríaen el Palacio Antiguo”, tal como explica Izquierda Unida.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT) fueron aprobados en el Pleno de 24 deabril de este año y el anuncio de licitación se publicó el 30 de abril en laPlataforma de Contratación del Sector Público.
Según consta en la documentación del expediente, el 10de mayo D. Mariano Agüero Martín, de la Federación Empresarial Española deSeguridad, presentó en el Tribunal Administrativo Central de RecursosContractuales (TACRC) un recurso especial en materia de contratación contra lospliegos del contrato impugnando dos criterios de adjudicación, ambos estimadospor el TARCYL:
Por un lado, la calidad en el servicio (ponderado hasta 5puntos), que valora la posesión de certificaciones de calidad y de gestiónmedioambiental, que considera que son requisitos de solvencia exigibles a lasempresas, pero no criterios puntuables.
Por otro, la puntuación por lo que se denomina en los pliegos “capacidad de respuesta”, que otorga la máxima puntuación (10 puntos) ala oferta que responda ante necesidades, emergencias e imprevistos en un tiempomáximo de un hora, y en concreto el hecho de que para acreditarla se exija aportar un “Certificado de apertura de delegación y/o sucursal enZamora, habilitado por el Ministerio del Interior”.
Desde IU inciden en este último criterio por su repercusiónen la sociedad zamorana donde está tomando fuerza entre diversos sectores–incluidos los políticos- la opinión de que hay que adjudicar los contratos ylas obras desde las Instituciones a las empresas zamoranas para hacer frente aldeclive de la Provincia.Una opinión que es respetable, que inclusopodría ser acertada, pero que –salvo en los contratos de menor cuantía- escontraria a la ley, señalan.
En el caso de este contrato, cuyo valor estimado era de1.995.532,00 euros por dos años y puede prorrogarse dos años más, el TARCYL escontundente en su argumentación sobre la obligación de tener o abrir unasucursal en Zamora para valorar la “capacidad de respuesta” (con 10 puntos):
“Los criterios de arraigo territorial no pueden ser nirequisitos de solvencia ni criterios de adjudicación”, critica IU.
El TARCYL alude a sí mismo al Informe 9/09, de la JuntaConsultiva de Contratación Administrativa que señala que “El origen,domicilio social o cualquier otro indicio de arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como condición de aptitud para contratarcon el sector público, circunstancias que igualmente no pueden ser utilizadascomo criterio de valoración”.
Añade a esta contundencia otros argumentos importantesrespecto al criterio: que es contrario a la libre concurrencia de licitadores ypor lo tanto es discriminatorio; y que si el objetivo es valorar la rapidez enla respuesta en un máximo de una hora, la exigencia de que se acredite medianteuna sucursal en la provincia de Zamora supone una discriminación entre lospotenciales licitadores, ya que las distancias y vías de comunicación permitenllegar a Zamora desde algunas provincias limítrofes en menos de una hora,puntualiza la formación política.
Esta resolución del TARCYL supone un jarro de agua a laintención de la Diputación de favorecer el asentamiento de empresas (o merassucursales de ellas) en Zamora, intentando “burlar” la legalidad.
También pone en su lugar que el desarrollo de Zamora tieneque pasar por apostar políticamente mediante la inversión pública y ladiscriminación positiva, con la aprobación de las leyes que sean oportunas, yno intentando burlar la ley o con proclamas vacías de Zamora para las empresaszamoranas, que las condena a la ruina. No hay más que tener en cuenta que estadecisión de la Diputación ha sido recurrida nada menos que por las propiasempresas, es decir, por la Federación Empresarial Española de Seguridad,crítica IU.
Izquierda Unida señala que el contrato de seguridad de loscentros de la Diputación está caducado desde 2017, y que la empresa hasolicitado su rescisión.