La Junta de Castilla y León acaba de aprobar la orden por la que se desarrolla una nueva estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, que va a permitir simplificar la organización administrativa de ambas en sus servicios centrales y evitar duplicidades de competencias, además de adaptar su organización a las nuevas realidades del sistema público de salud de la Comunidad y de la sociedad castellana y leonesa a la que presta servicio.
Los cambios que conlleva esta nueva ordenación sanitaria se han acometido atendiendo a la racionalización y a la simplificación administrativas y a la eficiencia en la asignación y en la gestión de recursos, de manera que la estructura central de Sanidad se ve reducida en un 22% con la supresión de 34 unidades, tanto de la de la Consejería de Sanidad como de la Gerencia Regional de Salud, cuya labor se encontraba solapada al existir departamentos con competencias semejantes, según indican fuentes de la Junta de Castilla y León.
Esta unificación administrativa se enmarca en las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno a finales del pasado mes de enero para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y se estima que, además de mejorar la actividad ordinaria, supondrá un ahorro de un millón y medio de euros anual.
Entre las novedades está la creación de servicios únicos de Estudios, Normativa, Gestión de Recursos Comunes y Asesoría Jurídica que, dependientes de la Secretaría General de Sanidad, pasan a desempeñar competencias de carácter transversal de forma unificada.
Asimismo, a partir de ahora y para “dar la mejor respuesta y adaptación a la coyuntura económica actual”, la Consejería de Sanidad va a disponer de una Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario que, adscrita a la Dirección General de Administración e Infraestructura de Sacyl, nace como instrumento de control del gasto público y de costes en la actividad asistencial que desarrolla el servicio público de salud de Castilla y León.
La Junta también ha aprovechado la promulgación de esta Orden para potenciar y trasladar a la estructura de Sanidad la concepción integral de la protección a la salud como derecho tanto individual como colectivo, plasmándolo a través de una mayor integración y coordinación entre las Direcciones Generales de Salud Pública, de Asistencia Sanitaria y de Planificación e Innovación, según las mismas fuentes.
