La Junta de Castilla y León cree que tiene argumentos suficientes para convencer a la Comisión Europea de que anticipar las ayudas al funcionamiento, que reducen los costes sociales de las empresas, permitiría a Zamora salvarse de entrar en una situación de despoblación “completamente irreversible”, pues estima que, de no aplicarse estas medidas, en pocos años su densidad de población llegará a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, el límite previsto para autorizar esta fiscalidad diferenciada.
El ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco presiona desde hace un año al Gobierno de España para que mueva ficha ante Bruselas con el fin de que la Comisión adopte una decisión individual para que Zamora se sume a las ayudas que ya disfrutan Soria, Cuenca y Teruel desde principios de 2023. Desde hace un mes, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene sobre su mesa la petición de la Junta, sin que haya dado respuesta por el momento.
La Junta dispone de un informe sobre el procedimiento a seguir y un estudio socioeconómico elaborado por el Consejo de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, al que tuvo acceso Ical, que señala que existen territorios de la Comunidad susceptibles de cumplir los criterios para ser beneficiarios de las ayudas al funcionamiento sin distorsionar la competencia.
Las razones que hace valer la Junta para que Zamora sea candidata a este instrumento es que las ayudas a la inversión se han revelado como algo “insuficiente” para atajar una despoblación que aumenta con el paso del tiempo. De hecho, la provincia está reconocida ya en el mapa español de ayudas regionales como la que presenta mayor pérdida de población. Además, entre 2009 y 2018, se quedó sin un 10,79 por ciento de su censo, una cifra que llega al 14,5% si se prolonga el periodo a 2022.
Otra de las variables que esgrime la Junta para lograr torcer el brazo de la Comisión es la densidad de población, que en 2022 se situó en el 15,83 habitantes por kilómetro cuadrado, pero que una década antes era de 18,14, por lo que los economistas que han elaborado el estudio para la Junta creen que en un “horizonte muy cercano” llegará a los 12,5 habitantes, el umbral que convierte a un territorio en zona “poco poblada” y, por lo tanto, susceptible de beneficiarse de las ayudas al funcionamiento.
Además, el informe que maneja la Junta para armar su solicitud refleja la “grave situación demográfica” que se ve acentuada por el envejecimiento de la población de Zamora -número de personas con más de 50 años-, el saldo migratorio y la pérdida de actividad económica. Por todo ello, considera que es “muy posible” que si no se toman medidas adecuadas, la pérdida de población se “acelere a medio plazo”, llegando a una situación propia de un desierto demográfico. “La situación es muy preocupante”, recoge el estudio que pide centrar los esfuerzos en ella.
El Ejecutivo autonómico quiere que España, previa solicitud de la Comunidad, de el paso de notificar a la Comisión Europea nuevas zonas con grave problema de población, permitiendo así su valoración y en su caso la adopción de una decisión individual que suponga la aplicación de las ayudas al funcionamiento previstas para “zonas poco pobladas”.
Puerta abierta
De esta forma, el Ejecutivo autonómico cree que la normativa europea abre la puerta a que un territorio cuente con estas ayudas cuando presente “problemas tan graves y permanentes que no exista otra solución posible para revertir la situación”. Para ello, señala que se debe demostrar la dificultad para fijar población y la falta de tejido empresarial.
La opción que se abre para Zamora sería similar a la que Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón utilizaron en la revisión de 2021 de de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional, con motivo de la aprobación del nuevo mapa de España de ayudas regionales (2022-2027). Esto permitió que Soria, Cuenca y Teruel fueran tratadas con un régimen similar al "zonas de muy baja densidad de población" -menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado-.
Tras la revisión intermedia abierta en 2023, otra de las opciones posibles es la flexibilización de las Directrices, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que la propuesta deberá enviarse durante ese año o 2026.
