Unión del Pueblo Leonés (UPL) lamenta la inacción de la Junta de Castilla y León para evitar que las cenizas generadas por los incendios forestales de este verano contaminen las aguas de muchos ríos, como ha sucedido. Todo ello, pese a que el procurador berciano de UPL, José Ramón García, advirtió en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León del 9 de septiembre al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que de no actuar esto pasaría.
Y, lo cierto, es que apenas un mes y medio después se constata que la realidad sobrepasa “las habituales palabras vacías” de Suárez-Quiñones, apuntando los leonesistas que “solo basta observar como las aguas bajan negras por las cenizas en ríos como el Bibey en Porto de Sanabria, el Meruelo en Molinaseca o el Cabrera en Puente de Domingo Flórez, Castroquilame o Pombriego, entre otros”.
En este aspecto, desde UPL señalan que “una vez más se muestra la ineficiencia de la Junta”, y lamentan que el gobierno autonómico no haya tomado las acciones y medios necesarios para evitar el arrastre de ceniza a los ríos, problema del que los leonesistas advirtieron hace casi dos meses en las Cortes, cuando ya señalaron que “no vemos fajinas, ni barreras de contención ni planificación”, por lo que denuncian que esta situación se ha dado “pese a que les avisamos de que la ceniza se acumula y con las primeras lluvias lo arrastra todo la escorrentía y se corre el riesgo de que el agua baje envenenada por las cenizas”.
Y es que desde la formación leonesista ya se anticipó “la inacción, la improvisación y propaganda” de la institución autonómica que “carece de planificación”, y estas zonas que ya sufrieron por los incendios, ahora lo hacen con sus aguas contaminadas. Asimismo, han recordado que organizaciones ecologistas advirtieron esta misma semana que existen masas de agua subterránea identificadas como vulnerables, como las de La Tercia-Mampodre-Riaño, La Babia-Luna, Terciario Detrítico del Esla-Cea y La Maragatería, entre otras.
En ambos casos, consideran que se constata “la pasividad” de una Junta y un Suárez-Quiñones “más pendiente de la actividad orgánica de su partido, que únicamente piensa en el rédito político, que de sus decisiones, actuaciones y obligaciones como consejero”.
Por ello, desde UPL lamentan que “parece que ni con esta situación están dispuestos a adoptar las medidas preventivas necesarias desde la Junta”. Y denuncian que incluso la Dirección General de Minas, dependiente del gobierno autonómico, se negó a iniciar la comprobación de la calidad de las aguas mineras de estas zonas afectadas, lo que “evidencia, una vez más, que al contrario de lo dicho por Suárez-Quiñones, no están trabajando desde el primer día para evitar esta situación”.
