El vicepresidente de la Diputación, Aurelio Tomás, ha asegurado que “a ningún ayuntamiento se le obliga a nada, son ellos quienes decidirán integrarse o no en las áreas funcionales estables que les correspondan, porque, además, es imposible hacer leyes y normas sin el apoyo de los pueblos y sus vecinos".
Por su parte, el diputado provincial de Izquierda Unida, Francisco Molina relacionó esta Ley con la Ley Montoro y aseguró que son normas “que van en contra de la supervivencia de los pueblos”.
El otro punto del orden del día que más debate suscitó fue la aprobación de la Cuenta General de la Diputación del ejercicio de 2013. El diputado provincial de Adeiza, Antonio Juanes, apoyó esta Cuenta con la salvedad de insistir en que se suprima Sodeza. Molina mostró su rechazo y aseguró que el gasto corriente, que aumentó en el pasado ejercicio respecto a 2012, “es muy excesivo” y afirmó que "el 2013 fue el gasto por habitante más bajo de los últimos 9 años, al igual que el de inversión y el esfuerzo inversor".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Rosa Muñoz, indicó que "solo hubo el 40 por ciento de ejecución en las inversiones, algo que es inexplicable porque la Diputación depende para ello de sus propios fondos".
Aurelio Tomás afirmó que la cuenta está "condicionada por el propio Presupuesto y por las normas vigentes, como el techo de gasto que hizo que ya de entrada se aprobara un presupuesto de 2 millones de euros de superávit porque era así el condicionante. Eso ha permitido hacer ahora este año la mayor inversión que nunca se había hecho, con 25 millones".
