El Partido Popular señala que a fin de tener conocimientopara poder debatir en el pleno se emitiese un informe sobre el expediente.Según la ley, hay un plazo de 10 días para redactar el informe, algo que no sehizo. Al no estar el informe disponible, el PP le solicita al alcalde lasuspensión del pleno hasta tener toda la información necesaria.
“El alcalde no nos comunicó nada sobre la suspensión yacudimos al pleno, donde el portavoz del grupo socialista, el señor Santiago,se dedicó a darnos un mitin sobre cuestiones variopintas. Se dedicó, comosiempre, a echar la culpa a otros: al gobierno anterior, a la Junta, a todo elmundo. Pero no contestó a la cuestión principal que le planteamos: ¿qué pasócon el terreno y qué gestiones se han hecho para contar con una residencia?”,cuestiona la formación popular.
“Al final sólo pudimos sacar algo en claro: que la parcelase vendió alegando competencias municipales, pero luego la culpa para no arreglarla situación era de la ley Montoro o de la crisis económica”, explica el PP.Además, señalan que el convenio con la empresa que iba a realizar la residenciase firmó en 2006 y la ley Montoro es posterior a dicha fecha.
El Partido Popular explica que en el pleno no se diorespuesta a sus preguntas y que el alcalde “se dedicó incluso a interpelar alpúblico que asistía, pero no ofreció tampoco respuestas”. Algo que les llevó a “abandonarel salón de plenos ante la actitud del grupo socialista por la manifiestatomadura de pelo”.
Tras el pleno, los concejales acudieron al despacho delalcalde para ver el expediente, lugar en el que “se vertieron amenazas alcabeza de lista del grupo popular, referidas, tanto a su ámbito personal comolaboral”. Además, “después de insistir en que se nos dejara ver el expediente,y a pesar de la negativa del teniente alcalde, el Sr. Santiago, por parte de D.José Fernández se ‘autorizó’ el examen del expediente. Nos dirigimos al salónde plenos, nos llevaron parte del expediente, pero siempre con la vigilanciadel Policía Local, tratándonos como delincuentes, sintiéndonos coaccionadospara poder realizar nuestro trabajo que no es otro que defender los interesesde los vecinos, fiscalizando la labor de gobierno”, explica el PP .
El grupo político reconoce “que queda muy claro, que serealizó una venta condicionada a una empresa, que estaba obligada a laurbanización de las parcelas y a la ejecución de manera paralela del conjuntoasistencial de la tercera edad junto con las viviendas que sí fueron ejecutadaspor la comunidad de propietarios, es decir, los particulares sí cumplieron”.
“El Ayuntamiento se había reservado el derecho de reversiónde la parcela y las obligaciones del empresario eran claras. Lo que no seaclara y tampoco comprendemos es ¿Por qué no se ha hecho nada para hacer valerlos derechos del ayuntamiento? ¿Por qué no se ejecutaron las obrasconjuntamente con las viviendas que sí se ejecutaron? ¿Dónde están lascertificaciones de obra que demuestren que lo que se ha ejecutado cuesta los600.000 euros que alegan ahora y a los que sí estaba obligado en el convenio elcomprador de las parcelas? ¿Dónde están las actas de recepción de las supuestasobras ejecutadas? “, señalan.
Por último, el Partido Popular de Puebla de Sanabriareconoce que su cometido “tanto en esta como en muchas otras cuestiones”, estrabajar para la defensa del patrimonio municipal.